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¿Morir es un derecho?

¿Morir es un derecho?

En el último capítulo de ‘El Ministerio del Tiempo’, Felipe II pedía ayuda para evitar una agonía dolorosa. En la vida real, los casos de Isabel, María del Salvador y María Luisa han agitado de nuevo el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido, ilegales en España según el artículo 143 del Código Penal

julia fernández

Domingo, 29 de mayo 2016, 01:15

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Tener una muerte digna no es tan sencillo como desearla. En el debate del derecho a morir se cruzan creencias religiosas con valores legales, éticos y morales. La legislación española permite retirar a los pacientes el tratamiento para que abandonen esta vida, pero en ningún caso que se les ayude a morir. La eutanasia activa se les administran fármacos y el suicidio asistido están castigados por el artículo 143 del Código Penal con la cárcel. Cada vez más películas y series de televisión abordan el asunto y lo devuelven a la agenda pública. La última ha sido El Ministerio del Tiempo, la ficción de TVE protagonizada por una particular patrulla de vigilantes que viaja de una época a otra para evitar que cambie el rumbo de la historia.

En el capítulo final de esta temporada, emitido el pasado lunes, el personaje central de la trama fue Felipe II. El rey se entera de lo que le depara el destino, 53 días de agonía antes de morir, y pacta con los agentes del ministerio un final sin dolor. «Surgió como un mero mecanismo de dramaturgia, no quería un villano tan villano, ni un bueno tan bueno», explica Javier Olivares, guionista de la serie. Pero no solo por eso: el caso de su hermano Pablo, enfermo de ELA y fallecido poco antes del estreno de la producción en la que también participaba, influyó. «Gracias a Dios él sí pudo tener una muerte digna. Y sé lo duro que es eso. Pero también ayuda en el duelo».

La inducción y la cooperación en el suicidio se pagan en nuestro país con penas de entre dos y diez años de prisión. «Aunque esto no impide que se produzcan casos. Todo lo contrario», subraya Fernando Soler, médico y miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Isabel Olaso hacía diez años que no pisaba la calle cuando le pidió ayuda a su hijo Ignacio. Ayuda para morir. Las úlceras de las piernas y los fuertes dolores de espalda no le permitían ni dormir en la cama. Soportaba sus padecimientos sentada en un sillón. Ignacio accedió a pasar con ella sus últimas horas. La noche del 7 de abril de 2015, Isabel murió con una bolsa en la cabeza después de ingerir grandes cantidades de alcohol. Su hijo dio parte a la Policía.

Hace unos días, la Audiencia Provincial de Zaragoza le ha condenado a dos años de prisión que podrá eludir por carecer de antecedentes. La petición inicial del fiscal era de 9 años, tal y como establece el artículo 143, pero el juez la rebajó por entender que actuó de manera piadosa, movido por sentimientos de cariño y de amor y «convencido de que era lo mejor para ella». Para Soler, esta sentencia no hace sino demostrar que la legislación necesita un cambio.

«A menudo se dice que todos tenemos derecho a la vida, pero no hay que olvidarse de otra cosa: cada uno tiene derecho a la suya», precisa Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI). Y esto incluye el derecho a decidir sobre cómo «cerrar el libro de su vida», añade este veterano de la Medicina y proponente, además de ponente, de la Convención sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina impulsada por el Consejo de Europa en 1997. La decisión de morir, de pedir ayuda para hacerlo, «no es arbitraria, sino la entente ética más elevada que existe entre dos personas», remarca.

Y da igual si hablamos de eutanasia «ayudar a morir a un enfermo terminal cuya expectativa de vida no va más allá de los seis meses, que lo ha solicitado en condiciones de lucidez y de manera reiterada» o de suicidio asistido, donde no hay enfermos terminales sino «personas terminadas, aquellas que ante una situación vital tienen menos interés por la vida que por la muerte». Entre estas últimas está la joven holandesa que hace un año consiguió que la ayudasen a quitarse la vida, al ser incapaz de recuperarse de las heridas psicológicas que le produjeron los abusos sexuales que sufrió en la infancia.

El caso de la aragonesa Isabel Olaso es uno de los tres que han sacudido los juzgados españoles en las últimas semanas. «Es curioso, en veinte años no se había vuelto a aplicar el artículo 143 y en un mes hay tres sentencias», desliza el representante de Derecho a Morir Dignamente. Una semana antes, en Madrid, José Antonio D.S.G., de 75 años, también se libró de la cárcel. Un jurado popular le encontró no culpable de matar a su mujer, María del Salvador, de un tiro en la sien. Él se pegó otro, pero solo logró quedarse ciego. Al parecer, ella sufría una depresión severa desde hacía quince años y había manifestado en numerosas ocasiones la intención de acabar con todo.

La eutanasia y el suicidio asistido, como el del gallego Ramón Sampedro, el caso español más mediático y que dio pie a la película Mar adentro, no son cotidianos, pero ahí están. La eutanasia está permitida en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El suicidio asistido es legal en algunos estados de EE UU (California, Oregón, Washington y Vermont), en Colombia y en Suiza, a donde viajan algunos españoles en busca de un final tranquilo en una habitación de hotel. El mes que viene, también Canadá lo autorizará cuando se trate de enfermos «graves e irreversibles que se acerquen al final de su vida», pero solo para sus ciudadanos.

¿Estamos preparados para algo así en España? «Tendríamos que dejar de hablar de la persona para hablar de lo que quiere y desea. Pero sí, nuestra sociedad está en condiciones de abordar el asunto de manera razonable, con serenidad y sin dejarse llevar por las emociones. Valorando solo los hechos», señala Marcelo Palacios. Aunque no siempre sea fácil. La última sentencia que echa mano del artículo 143 se ha dictado en Avilés. Dos voluntarios de Derecho a Morir Dignamente han sido condenados a otros dos años de cárcel por el suicidio de una mujer, María Luisa D., en mayo de 2012. No la conocían. Ellos facilitaron el medicamento pentobarbital, el mismo que se suministra en Suiza a un voluntario de la asociación con párkinson «para consumo propio» y éste, a su vez, se lo hizo llegar a María Luisa por su cuenta y riesgo. A ella se lo habían negado por las vías oficiales los grupos de apoyo de Madrid y Barcelona. No veían claro su caso.

Los médicos también han mostrado su opinión. En la última encuesta del CIS, que es de 2005, más de la mitad estaban dispuestos a ayudar. Aunque no siempre resulte fácil, como ocurrió con Andrea Lago Ordóñez, la niña gallega que sufría una enfermedad neurodegenerativa y cuyos padres solicitaron el pasado otoño que se le retirase la sonda que la alimentaba. En un primer momento, los sanitarios no aceptaron, aunque al final hubo acuerdo. La Iglesia católica criticó el «encarnizamiento terapéutico» en este caso, defendió el uso de los cuidados paliativos, pero volvió a recordar su rechazo a la eutanasia, «de la muerte provocada», por entender que «la vida es sagrada». A su juicio, solo Dios puede darla y quitarla.

Los que discrepan son los partidos políticos. «El PP no quiere entrar en el debate. El PSOE lleva en su programa que quiere regularlo, pero luego, cuando gobierna (como ocurrió con Zapatero), dice que la sociedad no está preparada. Y Ciudadanos se muestra a favor de la eutanasia para señalar después que solo de la pasiva, es decir, de no administrar los tratamientos a los enfermos si no quieren (que es lo que se permite en la actualidad)», resume el portavoz de Derecho a Morir Dignamente. De momento, solo Izquierda Unida, que ha llevado más de media docena de iniciativas al Parlamento, y Podemos se han posicionado a las claras a favor de cambiar la ley. La respuesta, el 26 de junio.

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