Cárceles sin delincuentes

«Cuando se pasa por allí solo se ve a una persona en la caseta de control. Imagino que haya más gente dentro», explica Francisco Jiménez, alcalde de Archidona. Cuenta que cuando anunciaron su construcción, los vecinos se frotaban las manos: la crisis empezaba a hacer crecer la lista de parados y una obra como esa 90 millones que acabaron siendo 117, podía ser la solución. Pero casi todo el personal vino de fuera. Solo medio centenar de afortunados encontraron trabajo. Entonces pensaron que quizás cuando empezase a funcionar todo iría mejor: con 2.000 internos y unos 600 trabajadores previstos, algo de movimiento se notaría en un municipio de 8.000 habitantes. Pero las obras terminaron en marzo de 2013 y por allí no aparece más que el vigilante de la garita. «En los presupuestos generales para 2015 hay una partida de 800.000 euros para la prisión», añade esperanzado el regidor, aunque sabe que con ese dinero no se puede ni empezar a amueblarla. Instituciones Penitenciarias, donde no ha llegado la tan cacareada política de transparencia del Gobierno, guarda silencio.

Se trata del caso más llamativo, pero el de la prisión malagueña no es el único: en Tarragona, desde hace un año aguarda el momento de abrir sus puertas Mas dEnric, con capacidad para albergar un millar de presos. Aquí la Generalitat paga un millón al mes a la empresa concesionaria, esté ocupada o no, en concepto de alquiler el modelo catalán se basa en que una sociedad se hace cargo de la obra y la Administración abona un canon como arrendamiento.

Otro tanto sucede en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y en las Unidades de Madres de Alicante y Tenerife, en los que se han invertido en total unos 21 millones. Hay cárceles que han abierto, pero para estar a medio gas, como Zaballa (Álava), Las Palmas II, Murcia II y Pamplona, inauguradas entre 2011 y 2012. Y el problema va más allá de tener echado el cerrojo en unos cuantos edificios. Dejar unas instalaciones así en barbecho cuesta montones de dinero. Solo Archidona se come al año 3,2 millones en vigilancia, inspección y mantenimiento (equipos de comunicación y seguridad, ascensores, calderas...). Y la alternativa es dejarlo pudrirse y volver a gastar otra millonada en el momento de su puesta en marcha.

Según Jesús Otín, responsable general de Prisiones de UGT, han pesado tanto las razones económicas como las ideológicas en esta situación. Por un lado, la crisis ha echado por tierra los cálculos presupuestarios realizados en tiempos más felices; por otro, el Gobierno de Mariano Rajoy no comparte la misma visión de la política penitenciaria que el de Rodríguez Zapatero, que diseñó el plan de apertura de esos centros ahora parados. «Se han ralentizado las obras previstas y se ha suprimido la construcción de diez CIS porque no cree en el modelo de cumplimiento de las condenas en régimen de semilibertad». Tampoco sobrevivieron las piscinas ni los televisores de plasma en las nuevas prisiones.

Hay, además, otro factor que ha servido de justificación para no poner en funcionamiento nuevos centros: el número de presos ha bajado en los últimos años. De los 76.079 d 2009 se ha pasado a los 67.404 que había encerrados a finales de 2013.

Todos a la calle

«¿Que qué ha pasado? Pues que teníamos un tapón por las reformas del Código Penal que hizo en su día el PP para castigar más, endurecer las penas e incluir nuevos delitos apunta un portavoz del sindicato Acaip. Después se utilizaron recursos políticos, diplomáticos y policiales que redujeron el número de internos, como el control telemático, la expulsión de extranjeros para que cumplan las condenas en su país o el campeonato del mundo de indultos: en siete viernes buenos de Gallardón, a cincuenta cada uno, se vaciaba una cárcel como la de Logroño». Hay más: la reforma penal aprobada en 2010 rebajó las penas máximas para los delitos menores relacionados con el tráfico de drogas, que en solo unos días dejó en libertad a medio millar de presidiarios. Ahora lo que se teme es que los nuevos cambios que prepara Justicia provoquen un aluvión de encarcelados que haga reventar las cárceles. «Por lo general, una reforma aumenta el número de internos», dice Ángel Moreno, secretario general de CC OO en Instituciones Penitenciarias. «El nuevo Código introducirá más penas por hurtos, prisión permanente revisable... cuando entra uno así, que no tiene expectativas de salir, hay problemas de seguridad y convivencia».

En cualquier caso, el gran mal de las penitenciarías españolas es otro: la falta de personal. Hay 2.000 bajas que no han sido repuestas, con el consiguiente aumento de la carga de trabajo para los demás, y haría falta cubrir otros 3.000 puestos para poner en funcionamiento los centros previstos. No hay nuevas oposiciones bueno, sí: se acaban de convocar 90 plazas, y la gente se hace mayor. Si todo sigue así, en 2020 la tercera parte de los vigilantes tendrá más de 58 años, y hay quien teme que detrás de todo esto haya un plan para privatizar el servicio.