Borrar
Actuación de la Policía Judicial en la causa de los ERES falsos.
¿Gratificación para los chivatos?

¿Gratificación para los chivatos?

Fiscales, jueces y letrados consideran "ineficaz" el pago de recompensas por denunciar a corruptos. Lo ha propuesto el jefe de la UDEF, la unidad de los 'pata negra', 300 agentes universitarios y con idiomas. No dan abasto

antonio corbillón

Domingo, 26 de octubre 2014, 01:33

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

"¿Qué coño es la UDEF?", preguntó en marzo de 2003 Jordi Pujol cuando se enteró de que investigaban a su familia. Con el tiempo, no solo el clan Pujol ha conocido las actividades de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. Apunto de cumplir sus primeros diez años de vida, son los pata negra de la lucha contra el crimen de altos vuelos. La UDEF nació en 2005 en un intento de acabar con la dispersión de las unidades de delincuencia económica. Y en este tiempo no solo han sido pioneros en sacar a la luz los trapos sucios del exmolt honorable. Sus agentes fueron los primeros en tirar del primer hilo que ha conducido al gran ovillo de la trama Gürtel. También las cuentas de Luis Bárcenas, los cursos de formación falsos de Andalucía, o el saqueo de Marbella (caso Malaya), entre otros.

Entre sus cinco brigadas destacan las de Investigación y Blanqueo de Capitales y la de Corrupción y Criminalidad. Sus 300 agentes, la mayoría titulados universitarios y con manejo de idiomas, son los mejor formados del Cuerpo. Se encargan además de hacer los informes para agilizar la lucha contra el delito, no solo desde sus despachos sino en un coche patrulla.

Corrupción y ley

  • La lucha de la UDEF.

  • Sus 300 agentes abrieron 67 causas por corrupción este año. En sus nueve años de vida esta Unidad ha investigado los casos más conocidos que afectan a las Administraciones públicas y grandes poderes económicos.

  • Ley obsoleta.

  • La justicia persigue al delincuente con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha cumplido 132 años y tiene múltiples lagunas que provocan la nulidad de muchas actuaciones.

«Perseguimos delitos, no a personas», es la frase que define un trabajo centrado en investigar bases de datos de empresas, bancos y fondos patrimoniales, hasta que de tanto cruce aflora el delito. Solo en lo que va de año, acumulan 1.100 investigaciones por delitos económicos (67 de ellas por corrupción política). Pero, a pesar de los éxitos, en la UDEF cunde el desánimo ante tanto frente abierto. Su jefe, Manuel Vázquez , soltó un globo sonda el lunes en unas jornadas sobre corrupción: «Se podría pagar un incentivo al que denuncie cuestiones de corrupción elevadas ¿por qué no?».

La propuesta, más propia de la cultura un tanto western del mundo judicial anglosajón, no convence al resto de poderes públicos que luchan contra la España sumergida. «Haya o no recompensa, deberíamos denunciar por pura moralidad», avanza el presidente de la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Dinero del Consejo General de la Abogacía, Nielson Sánchez Stewart. Pero el debate sigue ahí: ¿qué más hacer para luchar con eficacia contra los corruptos?.

Desde su despacho en el Tribunal Supremo, el fiscal Salvador Viada Bardají se enciende cuando se le piden opiniones sobre la materia. Como portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales responde con otra pregunta: «¿Cree que los corruptos no duermen porque les persigue la Fiscalía?». Viada considera inútil premiar a los delatores en una España «neutralizada por el propio sistema, ¡es una vergüenza!». Se refiere a las cúpulas de los poderes, donde «a todos los cargos clave los eligen los políticos». Convertido el problema en una «emergencia nacional», lanza otra duda: «¿Qué ganaríamos con denunciar si después hay dificultades imposibles y todos los organismos de control están viciados?».

Fiscales policías

En esta línea ahonda el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que considera que «la inaceptable tranquilidad actual del corrupto» se acabaría con más medios en la UDEF y la fiscalía, pero también con «peritos especializados e independientes en órganos de control como los tribunales de cuentas». La UDEF ha abierto 67 casos por corrupción de poderes públicos este año. « Todos sabemos que hay mucho más pero todos los poderes callan. Es un silencio corrosivo», denuncia Viada.

Lo que sí querrían copiar los expertos al mundo anglosajón es el papel de sus fiscales, esos investigadores de impecable factura que vemos en las teleseries. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña, Emilio Sánchez-Ulled, defendía ayer en la cadena Ser un «sistema de investigación con más peso del fiscal, solo tutelado por un juez de garantías». Eso exigiría un profundo cambio para «reforzar su autonomía frente al Ejecutivo e incluso frente a sus superiores». Hasta sus, a veces, rivales en la defensa de los imputados, los abogados, reconocen que en España «tenemos a los fiscales infrautilizados y, si ellos instruyeran los asuntos, todo sería más ágil», propone Sánchez Stewart.

Otro de los muros contra los que se estrellan es una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de Alfonso XII (1882). Una norma que se ha ido «parcheando a golpe de titulares de prensa», lamenta Sánchez-Ulled. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha echado por tierra las grabaciones de varios sumarios estrella porque para la citada ley no existen los micrófonos ocultos. Muchas horas de lucha tiradas a la basura por otro parche mal cerrado.

Fiscales y jueces confiesan su impotencia cuando se enfrentan a la suma de corrupción económica y política. Además de reclamar el fin del aforamiento de cargos públicos que «agilizaría los procesos», reclaman una nueva rutina procesal. «Ahora todo es recurrible y en todo momento lo que eterniza los procesos», advierte el magistrado Joaquim Bosch.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios