Diez presidentes autonómicos, en el banquillo

Un político no debería sentarse jamás en el banquillo de los acusados. Pero en estos últimos tiempos dos expresidentes autonómicos han tenido que dar explicaciones al juez. El valenciano Francisco Camps (PP), imputado primero y absuelto después por unos trajes que presuntamente no pagó, un caso que se enreda en la trama Gürtell de la mano de 'El Bigotes'; y Jaume Matas (PP), que aparece en el sumario del primer juicio por el 'caso Palma Arena', que en una de sus ramificaciones alcanza a Iñaki Urdangarin y que hoy ha sido condenado. Camps dimitió para no obstaculizar la carrera de Rajoy a La Moncloa y Matas se fue porque perdió las elecciones en Baleares. Aceptó un puesto en el Grupo Barceló en Estados Unidos, pero tuvo que volver reclamado por la justicia y ha tenido que pagar una fianza de 3 millones de euros -puso como aval un palacete que será subastado el día 25- para evitar la cárcel.

Antes que ellos, otros se vieron obligados a cambiar el confortable sillón de la presidencia regional por el incómodo banquillo del juzgado. Cuatro fueron absueltos y otros tantos, condenados.

Gabriel Urralburu y Javier Otano (Navarra)

'Desaparecido' en Madrid

El socialista Gabriel Urralburu (Ezcaroz, 1950) es hasta el momento el único expresidente autonómico en pisar la cárcel. La justicia le reclamó en 1998, cuando ya no era presidente de Navarra -lo fue entre 1984 y 1991-. Le acusaron del cobro de comisiones ilegales a empresas constructoras a las que se adjudicaba obras públicas y fue condenado a once años de prisión (el Supremo rebajó luego la pena a cuatro) y 780 millones de pesetas de multa. En 2001 alcanzó el tercer grado y en agosto de 2003 se le concedió la libertad condicional. Entonces «buscó una gran ciudad para pasar desapercibido» y eligió Madrid, donde empezó a ejercer de abogado -acabó Derecho en la cárcel-. Es como si hubiera desaparecido.

El siguiente presidente del PSOE en el Gobierno de Navarra, Javier Otano (Tudela, 1946), ocupó el cargo entre 1995 y 1996. Dimitió apresuradamente, cuando supo que la justicia investigaba la existencia de una cuenta bancaria en Suiza a su nombre y al de su mujer. Había accedido a figurar como titular a petición de Urralburu, quien le aseguró que era un dinero reservado para «futuras necesidades del partido». Otano fue acusado de un delito de cohecho en la trama navarra del 'caso Roldán'. La causa se cerró definitivamente sin sentencia en 2004: el tribunal entendió que el delito había prescrito. El paso por el juzgado le alejó de la actividad política, pero siguió viviendo en Tudela y trabajando donde lo hacía antes, como profesor en un colegio.

Carlos Collado (Murcia)

«Fue miserable lo que me hicieron»

No acaba Carlos Collado (Orleans, Francia, 1938) de encontrarle «el punto» al «tercer estado», que así llama a la jubilación. Le ocurre que no le ve «pasión», que es lo que encontró en la enseñanza y en la política. Jamás se cansó del colegio, pero salió escaldado del partido. Entre 1984 y 1993 fue presidente de Murcia con el PSOE y una difícil decisión de su gobierno, la compra de 750 hectáreas de terreno en Cartagena para la instalación de General Electric, le valió una investigación del Tribunal de Cuentas y el desengaño del 'oficio'. «Dimití porque la situación era insostenible. Fue una operación interna del partido para desplazarme», cuenta hoy. Quienes le investigaron concluyeron que no había tacha en la adquisición de la finca, pero el daño ya estaba hecho. «Tuve un final desastroso, fue miserable lo que me hicieron los compañeros», se duele.

- ¿Tan duro fue?

- Quedé muy dolido, ya solo asisto de vez en cuando a algún acto de partido, pero sin pasión.

Decepcionado, volvió a ponerse el traje de maestro y enseñó filosofía a los chavales del instituto Alfonso X El Sabio de Murcia desde 1993 hasta el 2000. Luego le nombraron director y en 2007 se jubiló. «Ahora me dedico a hacer algo de deporte, salgo con amigos y leo mucho, aunque no consigo acabar los libros. Lo único que verdaderamente disfruto es poder levantarme cuando quiero».

Demetrio Madrid (Castilla y León)

De presidente a asesor, y jubilado a los 75

El primer presidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid (Zamora, 1936), no pudo acabar la legislatura. Trabajadoras de una empresa textil de su propiedad le demandaron por la presunta venta fraudulenta del taller (el nuevo dueño se declaró insolvente y se quedaron en la calle) y él empezó a defender su inocencia presentando la dimisión. Se la comunicó antes al jefe de la oposición, José María Aznar (PP), que se adelantó al comunicado oficial de su adversario dándole «veinticuatro horas para dimitir». Más de las que Demetrio Madrid pensaba aguantar en el cargo, que no quería «manchar» a la institución en el delicado momento en el que empezaban a andar las autonomías, cuentan en el PSOE. El tribunal le absolvió, pero él ya no recuperó el sillón presidencial. Sí aceptó otro con cargo más llevadero, el de miembro del Consejo Consultivo de la comunidad, un órgano que asesora a la Administración regional en contenciosos con otras autonomías, en nuevos impuestos... A los 75 años se jubiló y desde entonces descansa en casa, en Zamora. «Pero sigue siendo una personalidad querida y destacada», cuentan en el partido.

José Marco (Aragón)

Una academia y un restaurante-gasolinera

José Marco (Zaragoza, 1950) acabó en el banquillo de los acusados precisamente por un sillón, que resultó 'incómodo' pese al revestimiento de cuero y madera de haya. Se le acusó de cargar la factura (77.977 pesetas) al erario público y la Audiencia Provincial le condenó en 1995 a trece meses de cárcel y seis de inhabilitación. Cuatro años después otro juez le castigó por el 'caso de los espías' -escuchas ilegales-. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal, y decidió regresar a casa, a las empresas familiares en las que trabajaba antes de ocupar la presidencia del Gobierno murciano -entre 1993 y 1995-. Una empresa de transportes con su hermano, una academia de FP con su mujer y un restaurante-gasolinera en Pedrola, su tierra. Como mucho, se deja ver en actos institucionales de expresidentes.

Gabriel Cañellas (Baleares)

Una voz autorizada en el PP, pero sin cargo

La imputación podía ser una piedra en el camino en la prometedora carrera de José María Aznar, que enfilaba con paso firme el camino a La Moncloa y Gabriel Cañellas (Palma de Mallorca, 1941), dimitió después de tres legislaturas -1983 y 1995- al frente del Gobierno balear. Se sentó ante el juez acusado de un delito de prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller, pero fue absuelto por la prescripción del delito. Hoy se dedica a sus negocios privados, pero sigue siendo una voz autorizada dentro del PP de Baleares, donde muchos le consideran 'el padre político'. No tiene cargo, pero «lo que dice se tiene muy en cuenta y asiste a las reuniones», cuentan fuentes cercanas.

Juan Hormaechea (Cantabria)

Dos veces indultado

Juan Hormaechea (Santander, 1939) está «desaparecido de la órbita política y social» que ocupó durante años. El que fuera presidente de Cantabria entre 1987 y 1995 (primero con AP y luego con UPCA) fue juzgado dos veces, en 1995 y en 2002, y condenado a seis y tres años de cárcel respectivamente (y a siete y trece de inhabilitación) por malversación de caudales públicos y prevaricación. En ambas ocasiones fue indultado y desde entonces vive ajeno al juego político, defendiendo todavía su inocencia, como hará en el libro de memorias en el que trabaja actualmente. Sigue viviendo en su casa de El Sardinero, aunque lleva una existencia discreta, con apariciones esporádicas. Ha firmando un par de artículos de opinión con motivo de las últimas elecciones.

Juan José Ibarretxe (País Vasco)

Profesor universitario en Columbia y Puerto Rico

Juan José Ibarretxe (Llodio, 1957) también conoce el banquillo de los acusados, aunque según el Tribunal Supremo nunca debió sentarse allí. Fue juzgado por las conversaciones que mantuvo en el año 2006 -durante el alto el fuego de ETA- con miembros de la ilegalizada Batasuna -entre ellos, Arnaldo Otegi-, al igual que el actual lehendakari, el socialista Patxi López, y el también dirigente del PSE Rodolfo Ares. Aunque el exdirigente del PNV pidió que se «llegara hasta el final», el tribunal archivó la causa y en una revisión posterior el Supremo fue más allá: no sólo avaló el diálogo con Batasuna, sino que afeó al Tribunal Superior vasco que no archivara el caso en la fase de instrucción. Ibarretxe se retiró de la política en 2009, después de diez años en la presidencia del Gobierno vasco. Actualmente se dedica a la docencia universitaria y ha dado clases en EE UU (Columbia y Puerto Rico), Inglaterra o Escocia. Sigue la política, pero desde la barrera.