CON el avance del padrón municipal divulgado ayer por el Instituto Nacional de Estadística se pone de manifiesto que, más allá de la sorprendente falta de colaboración entre administraciones para poder saber cuántos ciudadanos habitan realmente en España, la inmigración es un asunto que requiere ya de la mayor atención por parte de las Autoridades españolas.

De los datos aportados ayer se puede deducir que hay una bolsa de casi medio millón de extranjeros no comunitarios -sin permiso de residencia- que para el INE no cuentan al no haber cumplido con la obligada renovación bienal en el padrón, pero a los que los municipios no han dado de baja. Al margen de ese limbo censal, durante 2005 se mantuvo un ritmo de aumento poblacional semejante al del periodo anterior, creciendo en 132.000 los españoles y en 154.000 los extranjeros residentes, sumando estos últimos 3,88 millones de personas, el 8,7% de la población (13% de la población en el caso de Málaga). Esta diferencia en el crecimiento, según sean nacionales o no, tan determinante para el panorama sociocultural de los próximos años, es tan relativa como las cifras totales antes señaladas, hasta el extremo de que si aquel medio millón de no comunitarios continúa en nuestro país, el número de extranjeros habría crecido el año pasado cinco veces más que el de nacionales. Con todo, y a la vista de las cifras básicas que maneja el INE, más otras del Ministerio de Trabajo, la consideración más discreta ha de contemplar casi cuatro millones de extranjeros, que en la Seguridad Social representan el 9,3% de los cotizantes. Esas cifras -que no incluyen una bolsa de ilegales que rondaría el millón- han adquirido una dimensión que, desde hace tiempo, reclama una gestión pública específica, potente en recursos y de amplio consenso político. Precisamente, a satisfacer esa necesidad parece dirigirse el Plan Estratégico de Integración aprobado hace un mes por el Gobierno, con una dotación de 2.000 millones de euros para un periodo de tres años. Pero no hay pruebas de que ese plan se apoye en una estrategia común de todas las administraciones sobre los criterios que han de presidir la integración social de los inmigrantes.

Ni el multiculturalismo británico ni el integracionismo de iure, pero no de facto, del modelo francés han evitado a sus sociedades problemas que en breve podrían reproducirse en nuestro país. Es preciso dejarse ya de tactismos políticos y contentarse con operaciones puntuales, como fue el éxito laboral de la última regularización. Todo lo que sea retrasar una política de Estado sobre inmigración es aumentar el riesgo de conflictos a corto y medio plazo.