El anteproyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores nació con «vocación generalista», explica Carmen Barrera, secretaria general de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y una de las responsables de la negociación que ha dado como fruto el nuevo texto que regula los derechos laborales de los empleados públicos.

Una vocación que, asegura, tuvo en cuenta la necesidad de «homogeneizar» la situación de los trabajadores públicos en todas las comunidades autónomas, guardándose incluso de los intentos de los nuevos Estatutos de Autonomía (especialmente el de Cataluña) de apropiarse de esta competencia. «Hemos elevado los derechos y las cuestiones laborales de los empleados públicos a la categoría de derecho básico para que no puedan caer en manos de las comunidades autónomas», resumió Barrera en una rueda de prensa previa a su conferencia en el salón de actos de la Casa del Mar.

Sin diferencias entre comunidades, así se lo trasladó ayer al consejero de Presidencia, José Luis Morales, aunque, matizó Barrera, «todo será regulado con respeto a la autonomía local». Barrera y Morales analizaron el nuevo texto normativo y buscaron lugares comunes para amoldar el anteproyecto de ley a las necesidades de Ceuta.

Para Carmen Barrera, una de las principales virtudes del nuevo texto es que equipara al empleado público con el resto de trabajadores y que les devuelve el derecho de negociación colectiva derogando normas de 1964. «Los derechos de los empelados públicos estaban regulados por normas preconstitucionales», recordó Barrera, que destacó que el nuevo Estatuto engloba a funcionarios, personal laboral y estatutario.

Respecto a la elevada temporalidad en la función pública, el anteproyecto establece un proceso para la consolidación de eventuales y la obligación de pagar trienios al personal interino, medidas previstas, asegura Barrera, para «coartar a las administraciones».