El PSOE de Torremolinos criticó hoy que el promotor Rafael Gómez Sánchez, detenido en la segunda fase de la "operación Malaya", pactó con el Ayuntamiento la revisión del PGOU para edificar sobre terrenos calificados como "no urbanizable protegido", al albergar los acuíferos que abastecen a la ciudad.

Esta operación, llevada a cabo en 2004, ha sido calificada por los socialistas como "el mayor convenio urbanístico de la Costa del Sol", dada la extensa superficie de la parcela adquirida por Gómez a través de su constructora Arenal 2000, que asciende a 2,2 millones de metros cuadrados.

El partido denunció que, del total de estos terrenos, 2,1 millones de metros cuadrados están situados "en plena sierra de Torremolinos , protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga". Sin embargo, gracias al convenio firmado entre el promotor y el Consistorio este suelo pasó a convertirse en "urbanizable con uso residencial"; algo que a juicio de la formación, "huele a podrido y a pelotazo urbanístico".

Según los socialistas, "Rafael Gómez es propietario de algo más del diez por ciento de Torremolinos, dado que el municipio tiene una superficie de veinte kilómetros cuadrados".

Recordaron que Gómez, cuyo nombre fue adjudicado a una avenida de la localidad tras donar un monumento al turista, fue objeto de "la mayor sanción urbanística de Torremolinos ", al excederse en la edificación del hotel Nautilus situado en primera línea de playa; y la cual "pagó con las plusvalías obtenidas por dicho exceso".

El promotor, que se encuentra en libertad bajo fianza de 300.000 euros por un presunto delito de cohecho, ya fue acusado anteriormente por los socialistas de Benalmádena de acordar con el Ayuntamiento que se duplicase la edificabilidad de una finca a cambio de construir un hospital público.