La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carolina España, destacó hoy que el Consistorio hace frente cada año a unos 270 millones de euros para asumir tareas que no son de su competencia, motivo por el cual reclamó la segunda descentralización.

España dio a conocer hoy datos del gasto no obligatorio que asumen las entidades locales y que son competencia de otras administraciones, según un estudio elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona, solicitado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La edil del Partido Popular resaltó que el peso del gasto en servicios de prestación no obligatoria alcanza, dentro del total que gastan los consistorios españoles, el 26,7%. Además, informó de que el gasto no obligatorio por habitante asciende a 227,20 euros, del total de 850 euros por cada uno de ellos.

El estudio utiliza los datos de clasificación funcional del presupuesto de gastos de una muestra de 6.292 municipios españoles, el 78% del total, que abarcan el 93% de la población total española. Precisamente, el objetivo de este análisis era determinar las actividades realizadas por las entidades locales cuya competencia corresponde legalmente a otra administración pública y enviarlo al Ministerio de Hacienda con vistas a estudiar medidas y fórmulas de financiación que palien la situación crítica por la que pasan los entes locales, según España.

El principal destino del gasto no obligatorio es la seguridad y protección civil, con un 27% --61,28 euros por habitante--, seguido de cultura, con un 25% --56,84 euros por habitante--; la promoción social, con un 11,8% --26,89 euros--; educación, con un 9,8% --22,36 euros--; los servicios comunitarios y sociales, con un 6,7% --15,33 euros--; la sanidad, con un 4,2% --9,63 euros--, y las infraestructuras básicas y el transporte, con un 3,2% --7,37 euros--.

Distribución

Otro de los datos señalados por la concejala muestra cómo del gasto público por niveles de gobierno, las corporaciones locales sólo gastan un 13%; las comunidades autónomas, un 36,4%, mientras que la Administración central, un 50,6%.

La edil del PP recordó que siempre se ha estado solicitando que los porcentajes sean del 50% para el Ejecutivo central, de un 25% para las autonomías y de otro 25% para los ayuntamientos, por lo que, tal y como subrayó, "estamos muy lejos de esta situación".

También expuso que, frente a ese 13,10% que supone el gasto local en total de España, en otros estados de Europa como los países nórdicos la proporción es superior, alcanzando incluso el 50%. Asimismo, se refirió a la distribución de la presión fiscal y resaltó que las corporaciones locales tienen un pequeño peso situado en un 3% del PIB, siendo, por tanto, las administraciones central y autonómica a las que más impuestos pagan los ciudadanos.

Para la edil, el contexto político actual, centrado en las reformas estatutarias, conlleva el riesgo de dejar la reforma local en un segundo plano, e insistió en que el transvase de competencias y de recursos de las comunidades autónomas a los ayuntamientos aún no se ha producido y es necesario para poder seguir ejecutando las competencias reales que están prestando las corporaciones locales.

Aseguró que, con motivo de la presión de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las entidades locales en torno a esta materia, se adoptó una serie de medidas de carácter urgente para paliar la crítica situación financiera de las corporaciones locales, como el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP de Medidas Urgentes en Financiación Local, de julio de 2005, o la VI Convención Municipal del PSOE, de marzo de 2006, en la que se expuso que debe haber una financiación de los gastos no obligatorios a los ayuntamientos, es decir, ni una competencia más municipal sin su correspondiente financiación.

Ante esto, España manifestó que la Comisión Técnica de Financiación Local ya recibió un primer borrador elaborado por la FEMP, en el que se cuantifica el peso del gasto en servicios de prestación no obligatoria en un 26,7% del gasto total y se está pendiente de establecer una metodología consensuada con el Ministerio de Hacienda para calcular todos los costes de estos servicios.