El juez Miguel Ángel Torres envió ayer a la cárcel a cinco de los 13 ex concejales del Ayuntamiento de Marbella detenidos el pasado martes en la segunda fase de la 'operación Malaya'. Se trata de Tomás Reñones, Vicente Manciles, Rafael González y José Luis Fernández Garrosa, del GIL, y de la andalucista María José Lanzat. Los cinco están imputados en un presunto delito de cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación.
Aunque la acusación se encuentra aún bajo secreto de sumario, se ha sabido que los cinco ex ediles son sospechosos de haber recibido dinero de empresarios durante su gestión en el Ayuntamiento de Marbella. Las imputaciones provienen «del resultado de la investigación y del material obtenido en los registros efectuados en la primera fase de la 'operación Malaya'», según explicó el abogado de tres de los procesados, Pablo Luna. Los motivos en los que se sustenta el auto de prisión son el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, así como la gravedad de los delitos.
Al cierre de esta edición, y emitido ya el auto que lo enviaba a la cárcel, Reñones acababa de solicitar declarar de nuevo ante el juez Torres. Ex futbolista profesional fue alcalde en funciones en los días que siguieron a la detención de Marisol Yagüe durante el desarrollo de la primera fase de esta operación y antes de la disolución de la corporación municipal. Anteriormente había ocupado la delegación de Deportes. En cuanto a Manciles, llevó la concejalía de Obras; Fernández Garrosa, la de Personal, mientras que Rafael González fue inhabilitado por delito urbanístico en noviembre del año pasado cuando estaba al frente de la concejalía de Sanidad. Por su parte, Lanzat fue delegada de Turismo de la Junta.
Sin fianza
Los cinco fueron trasladados al juzgado en la mañana de ayer y, tras prestar declaración, el juez decidió su ingreso en prisión no eludible con fianza.
Antes que ellos había declarado la también ex concejala Carmen Revilla, a quien el juez le impuso una fianza de 30.000 euros para dejarla en libertad tras imputarla un presunto delito de cohecho relacionado con la concesión de licencias urbanísticas. El abogado defensor de Revilla, Antonio Gálvez, explicó a los periodistas que el juez preguntó a la ex edil durante su comparecencia por asuntos urbanísticos y por cómo se concedían las licencias.
Revilla abandonó las dependencias judiciales sobre las ocho de la tarde, después de depositar la citada cantidad, y aseguró sentirse «muy contenta y agradecida» por el trato recibido de la policía, el juez y el fiscal, según su abogado.
La puesta en libertad de Revilla levantó ampollas entre algunos de sus compañeros. El abogado Pablo Luna anunció la presentación de un recurso, y dijo que se ha aplicado un trato desigual para situaciones y acusaciones similares. En opinión del letrado, no existe riesgo de fuga ni de que se destruya material probatorio, y aseguró que sus defendidos se encuentran sorprendidos de que no se les haya dado la opción de eludir la prisión mediante el pago de una fianza.
Asimismo, el también ex concejal Miguel Jiménez fue dejado en libertad tras prestar declaración, aunque con la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Jiménez formaba parte del segundo grupo de ex concejales detenidos llevados ayer ante el juez, entre los que también estaban Rafael Calleja, Antonio Luque y María José Lanzat. Junto a ellos fue trasladado también el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes. Calleja, Luque, Jiménez y Barrantes llegaron en un furgón desde la comisaría provincial sobre las cinco de la tarde, mientras que Lanzat lo hizo en un coche patrulla. A la ex concejala del PA el juez le imputa los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
Secretario municipal
Por su parte, Barrantes se encuentra imputado de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación desde que se desarrolló la primera fase de la 'operación Malaya'. En esta segunda fase ha vuelto a ser detenido y esta pasada madrugada quedaba en libertad con cargos y sin fianza.
La comparecencia de Antonio Luque y Rafael Calleja fue aplazada hasta hoy por la mañana. También para hoy está previsto que sean llevados ante el juez los ex concejales Emilio Jorrín Gestal, Francisco Javier Lendínez Bernal, Belén Carmona y José Jaén al igual que el ex superintendente de la Policía Local, Rafael del Pozo, que se encontraba en libertad bajo fianza tras la primera fase de la 'operación Malaya' -acusado de los delitos de encubrimiento, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de perseguir delitos-, y que fue nuevamente detenido el pasado martes.
Blanqueo
Los primeros arrestados que prestaron declaración ante el juez fueron los empresarios Salvador Gardoqui y Sergio Santana, que lo hicieron en la tarde del pasado martes y que recuperaron la libertad en la madrugada de ayer tras depositar sendas fianzas. El primero está acusado por el juez de un delito de blanqueo y abandonó las dependencias policiales sobre las 03.00 horas, después de depositar una fianza de 12.000 euros. Gardoqui ya había sido detenido y puesto en libertad sin fianza en la primera fase de la operación.
El segundo imputado, Sergio Santana, detenido el martes en Pamplona, abandonó las dependencias judiciales sobre las 03.45 horas, una vez que sus familiares depositaran la correspondiente fianza fijada por el juez para su puesta en libertad.
Los restantes 28 detenidos, entre los que están 13 importantes empresarios del sector de la construcción, fueron trasladados en la noche de ayer en un autobús desde la comisaría provincial de Málaga, donde se encontraban detenidos desde el martes, a la de Marbella, donde se les comunicó la extensión de 48 horas del plazo de detención antes de pasar a disposición judicial. Podrán permanecer en esta situación un máximo de cinco días. Asimismo, una orden de detención pesa sobre el ex concejal andalucista Carlos Fernández, que al cierre de esta edición se encontraba todavía en libertad.