EL 'caso AVE' fue un escándalo de financiación ilegal protagonizado por el PSOE a finales de los ochenta. Evocar tal cosa no es ocioso porque muy probablemente pocos recordarán ya aquel remoto episodio que ahora acaba de zanjarse en los tribunales: la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de 370 páginas, ha absuelto al ex ministro socialista de Sanidad y presidente de RENFE de entonces, Julián García Valverde. Dos miembros del aparato del Partido Socialista y los responsables de Siemens y de la consultora GMP, han sido condenados a un año de cárcel y a multas por un delito de falsedad. El que fuera responsable de finanzas del PSOE Guillermo Galeote ni siquiera ha sido juzgado porque su delito habría prescrito.

La juez del caso considera que no hay pruebas para concluir que los hechos juzgados constituyan un delito de cohecho, y de ahí las mencionadas absoluciones, si bien las leves condenas dictadas parecen confirmar que existieron ciertas irregularidades, que evidentemente no han podido ser identificadas en su integridad.

Como es obvio, aquellos remotos sucesos han perdido hoy toda relevancia política ya que las responsabilidades asimismo políticas que derivaron de ellos han sido depuradas y zanjadas en las urnas en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la publicación de la sentencia cuando han transcurrido casi veinte años de los acontecimientos juzgados constituye un verdadero sarcasmo, que reduce a cenizas los grandes preceptos constitucionales. No es concebible en un Estado de Derecho que un procedimiento requiera una instrucción de once años antes de llegar a su término con la oportuna sentencia.

Es evidente que el ex ministro García Valverde tuvo que soportar, además de la pérdida de la carrera política, una postergación social que ahora se revela injusta. No es la primera vez que sucede tal cosa (el ex presidente de Castilla-León Demetrio Madrid también tuvo que dimitir en los años noventa, mucho antes de que un tribunal lo absolviera de unas acusaciones infundadas), pero debería evitarse que siguieran ocurriendo episodios de esta naturaleza en el futuro. Estos hechos ponen en evidencia que la judicialización de la política, -práctica a la que tan aficionados son los propios partidos- es un arma política que puede dar resultados a muy corto plazo arrojando la sombra de la sospecha sobre el adversario provocando titulares de periódicos durante unas semanas pero, al mismo tiempo, activa los mecanismos jurisdiccionales que ya son imparables con sus interminables procedimientos de apelaciones y recursos. En ese momento pierde todo interés para los partidos que la activaron pero el acusado se queda impotente atrapado en la madeja judicial. Una justicia premiosa y tardía deja de serlo, y una democracia sana no puede vivir sin la puntualidad de los dictámenes judiciales, que han de restaurar en un tiempo prudencial la salud del sistema cuando éste ha sido víctima de alguna perversión.