EL Consejo de Ministros ha aprobado todo un avance para hacer más efectiva la igualdad de oportunidades para las mujeres: el proyecto de Ley de Igualdad.

El texto recoge numerosas medidas laborales, políticas y sociales, cuyo fin es el objetivo de evitar la discriminación. Así, reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral, el fomento de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares, y fija medidas para prevenir el acoso sexual en el trabajo.

Del numeroso elenco de medidas que contempla, me detengo en las que se refieren a garantizar la composición equilibrada de ambos sexos en los consejos de administración de las empresas y en la elaboración de las listas electorales.

El objetivo en el ámbito empresarial -ya flexibilizado después de oír al Consejo Económico y Social y la voz de la patronal- es que el máximo órgano decisorio de las empresas, esto es, sus consejos de administración, estén formados por al menos un 40 por ciento de mujeres.

Para ello se ha establecido un plazo de ocho años para su cumplimiento, dictaminando que aquéllos que lo realicen obtendrán preferencia en las licitaciones públicas, ante igualdad de ofertas. Aunque el anteproyecto exigía el cumplimiento de la paridad en el plazo de cuatro años y establecía un reporte anual del cumplimiento, el proyecto ha flexibilizado ambos extremos para obligar a su cumplimiento en ocho años y ha eliminado la rendición de cuentas hasta el término del octavo año.

Conviene recordar que en España, sólo un 3% de mujeres tienen representatividad en los órganos de decisión de las grandes empresas.

Da la casualidad (o no) que según el reciente análisis de Merco, tres de los diez primeros mejores líderes de ámbito empresarial español son mujeres: Rosa María García (Microsoft), Ana Patricia Botín (Banesto) y Amparo Moraleda (IBM).

La patronal española, sin embargo -y a pesar de la flexibilización de la futura norma antes mencionada- sigue considerando que este régimen de presencia femenina es difícil de cumplir, y tampoco encuentran demasiada justificación a la preferencia en la contratación pública.

Quizás influya que los que opinan esto son la voz de un conjunto de empresas gobernadas en masculino. La radiografía de los consejos de administración de las empresas cotizadas en el mercado continuo demuestra que un 97% de ellas la conforman hombres.

Del análisis de unas cien empresas que reúnen estas condiciones, y que como media tienen doce consejeros, destacan como excepciones Inditex, con dos consejeras, y FCC, con cinco, teniendo las demás una o ninguna fémina en representación.

Todo esto me recuerda de alguna forma, a la magistral película de Sidney Lumet, 'Doce hombres sin piedad', en la que igual número de hombres han de decidir la inocencia o culpabilidad de un joven acusado de asesinar a su padre. La obra comienza con la reunión de los miembros del jurado -todos hombres- en la que once de ellos votan rápidamente por la declaración de culpabilidad del chico, ya que es ésta la opción más creíble, rápida, y cómoda. La trama se desarrolla en un día caluroso y los protagonistas dejan entrever sus ganas de despachar el asunto para no perderse un anunciado partido de fútbol.

Cuando una mayoría de personas no sólo son ajenas a la repercusión de las decisiones que toman, y, más aún, las que pudieran tomar cambian un favorable status quo, qué fácil es decidir con un «no pasarán». Afortunadamente, en el film, un espectacular Henry Fonda -otro de los miembros del jurado- hace reflexionar a los once miembros restantes sobre la posible inocencia de la víctima.

Cómo cambiarían las cosas si entre los empresarios hubiera unos cuantos más 'Henry Fonda' -me consta que los hay- que convencieran a los miembros de los consejos de administración para hacer valer la igualdad de oportunidades. A las mujeres (como al joven de la película americana) se les debe, como mínimo, la presunción de inocencia, la discusión abundante de la cuestión y la amplitud de miras como para no tomar a la ligera una decisión que tanto va a influir en el progreso de nuestra sociedad.

La postura del partido en la oposición, haciendo gala de este término, se ha hecho saber en contra del progresista proyecto de Ley. Lo hacen en esta ocasión, como ya antes lo hicieran con la incorporación de mujeres al gobierno andaluz de forma paritaria.

El presidente del PP andaluz acaba de anunciar este pasado fin de semana que los ayuntamientos de su partido que se constituyan tras las elecciones municipales de junio de 2007 contarán con una tenencia de alcaldía específica dedicada al fomento de la «igualdad real entre hombres y mujeres». Pero nada de empezar aplicándolo en las listas electorales, nada de paridad. Y ello a pesar de que, según manifiesta sin empacho de modestia, su partido cuenta con las «mujeres más valiosas» de la política andaluza.

Después de todo, tenemos un muy buen proyecto de Ley entre las manos. Ojalá su suave cumplimiento nos demuestre que hay muchos más hombres con piedad, en el sentido en que lo define el diccionario latino de Blánquez Fraile, es decir, «piedad» como «sentimiento que impulsa al reconocimiento y cumplimiento de todos los deberes».