El presidente de la gestora del Ayuntamiento de Marbella, Diego Martín, dijo ayer ante los nuevos detenidos en la operación contra la corrupción en el Consistorio (entre ellas de 13 ex ediles de la corporación y cuatro personas relacionadas con el Ayuntamiento) que se evidencia «el grado de corrupción al que se había llegado».
Sobre el arresto también de trece personas entre promotores y constructores, Martín aseguró que los empresarios «eran una pata de ese banco, no se entendía si no había una conexión empresarial o poder económico detrás» y que «era el punto que faltaba por concretar».
En este sentido, dijo estar convencido de que «con el tiempo, alguno más debe salir». Aunque precisó que «la mayoría de los empresarios son serios», dijo que dicha corrupción urbanística «requiere la complicidad de algún sector empresarial» y advirtió de que el caso «puede tener más patas», en referencia a más sectores y no sólo a los empresarios.
Funcionarios
Lamentó que haya funcionarios implicados en este asunto, «en la medida que pone de manifiesto cómo la corrupción es capaz de penetrar en los tejidos sociales hasta lo más profundo». El presidente de la gestora dijo que «se pone de manifiesto, dejando a salvo la presunción de inocencia, el grado de corrupción al que se había llegado en esta corporación» y lamentó que «de nuevo salga el nombre de Marbella en asuntos negativos», a la vez que resaltó que «es un símbolo de regeneración y corrección, de cómo el Estado de derecho reacciona y va poniendo cada cosa en su sentido».
Martín Reyes manifestó que esta nueva fase de la denominada 'operación Malaya' contra la corrupción «es resultado del análisis de la documentación intervenida en la primera fase» y que «era previsible que el secreto sumarial decretado estuviese relacionado con dicho análisis».
También felicitó a la Policía, la Fiscalía y el Poder judicial por el trabajo desarrollado y se congratuló de que «el nombre de Marbella ahora se relaciona con que se hace Justicia y no con episodios de corrupción».
Diego Martín Reyes preside la gestora de Marbella desde el pasado mes de abril, tras la disolución de la anterior corporación por el desarrollo de la primera fase de la 'operación Malaya', en la que se detuvo a la ex alcaldesa Marisol Yagüe y a otros ex ediles de la corporación.