El 22,3 por ciento del territorio andaluz sufre un riesgo «alto o muy alto» de desertización, una cifra que supone la novena mayor tasa de las comunidades autónomas españolas, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
El director general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, José Guirado, destacó ayer, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que la Junta de Andalucía destinará este año 200 millones para frenar el avance de la desertificación derivada del mal uso del suelo.
Además, las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura colaborarán juntas para favorecer e incentivar las buenas prácticas agrícolas. En este sentido, Guirado manifestó que el criterio de condicionalidad en el pago de ayudas a una agricultura respetuosa con el entorno que la Unión Europea (UE) aplica con la nueva reforma de la política agraria garantizará que Andalucía mejore sus parámetros ambientales y aumente otros parámetros, los de renta de sus agricultores.
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente subrayó que, con la directriz del Plan Andaluz de Control de la Desertificación, a los 200 millones de euros de este año destinados a tratamientos selvícolas y forestales contra la erosión, se unen otros 300 millones de euros en políticas hidráulicas.
El resto del país
La desertización avanza también en el resto del país y afecta ya a más del treinta por ciento del territorio, localizado sobre todo en el sureste peninsular, aunque sus efectos se extienden también hacia el interior. Según datos del Gobierno, 159.337 kilómetros cuadrados (de los 506.061 que ocupa España) sufren un riesgo alto o muy alto de desertización , lo que supone un 31,49 por ciento del total, y en 109.712 kilómetros cuadrados (el 21,68 por ciento) el riesgo es medio.
En tres comunidades (Murcia, Valencia y Canarias) el riesgo de desertización alto o muy alto afecta casi al cien por cien del territorio. Por detrás se encuentran Castilla-La Mancha (43,68), Cataluña (41,88), Madrid (37,52), Aragón (28,66), Baleares (25). Para mitigar los efectos, el Gobierno tiene previsto invertir en el cuatrienio 2005-2008 y en colaboración con trece autonomías mas, unos 83 millones de euros.