El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz aseguró ayer ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga que las licencias que la corporación aprobaba «siempre venían avaladas por la Gerencia de Urbanismo» cuyo responsable era Juan Antonio Roca, encarcelado a raíz de la 'operación Malaya'. Muñoz y otros siete ediles están acusados de otorgar licencia al proyecto básico y de obras a la empresa Moansa para construir seis chalés en Huerta Belón a sabiendas de que era sobre zona verde. Así, el fiscal pide para Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle y María Luisa Alcalá dos años de prisión y 10 de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio, al participar en dos comisiones; mientras que para Pedro Román, Rafael González, José Manuel Pomares y Juan Antonio Yagüe solicita 18 meses de cárcel y ocho de inhabilitación.

El cuadernillo

Tanto Muñoz como el resto de concejales imputados afirmaron que las licencias que aprobaron estaban recogidas en un cuaderno que especificaba si debían autorizarse o no, pero que nunca vieron los informes técnicos y jurídicos. Los acusados destacaron que entendían que si la aprobación estaba recogida como «favorable» en el cuadernillo, contaba con el respaldo de los técnicos y juristas «de reconocido prestigio».

También aseguraron que ellos no votaban nunca en las comisiones de gobierno ni firmaban las actas, por lo que no confirmaron su presencia en las comisiones en las que se aprobaron dichas licencias, y que las competencias en materia de Urbanismo no estaban delegadas a concejales, pues las llevaba el entonces alcalde, Jesús Gil, ya fallecido.

En este sentido, algunos de los acusados explicaron que si no estaba Gil, presidían las comisiones Julián Muñoz o Pedro Román, como primeros tenientes de alcalde del Ayuntamiento.

Durante su testimonio, Muñoz negó haber presidido la comisión de gobierno que aprobó el 20 de diciembre de 1996 la licencia del proyecto básico de edificación presentado por la entidad Moansa S.A. Añadió que en aquella época «casi no iba» al Ayuntamiento marbellí porque era teniente de alcalde de San Pedro Alcántara y concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, por lo que reiteró que no tenía «nada que ver con la comisión de Urbanismo».

Por su parte, Pedro Román reconoció que estuvo presente el 7 de noviembre de 1997 en la comisión de gobierno que concedió por unanimidad la licencia de obra al proyecto de construcción de esas seis viviendas, aunque señaló que en la de diciembre de 2006 «seguro» que no estuvo por motivos familiares.

Los asesores

Román explicó al juez que físicamente era imposible comprobar cada caso porque en los años en los que él estuvo como primer teniente de alcalde -de 1991 a 1998- se pudieron ver 16.000 asuntos, por lo que, según sostuvo, en la comisión de gobierno sólo se formalizaban los asuntos que ya se habían estudiado en las comisiones», dijo. Apuntó que «jamás» fueron conscientes de aprobar «algo que no fuera legal» y que los asesores siempre les decían que había que aplicar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 porque el de 1986 «no era eficaz».

El juicio continuará mañana con declaraciones de testigos y peritos, y está previsto que el jueves quede visto para sentencia.