La Fiscalía malagueña ha imputado un nuevo delito contra la ordenación del territorio a Julián Muñoz y otros siete ex ediles del Gil por conceder licencias de obras para tres viviendas unifamiliares en terreno rústico en 1997 y 1998.
El juicio se iba a celebrar el próximo 19 de junio en el Juzgado de lo Penal número siete de Málaga aunque, según informaron hoy a Efe fuente judiciales, se ha suspendido al renunciar uno de los abogados personados en el caso.
En este nuevo juicio también se sentarán en el banquillo de los acusados Pedro Román Zurdo, Rafael González Carrasco, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle Arcal, Juan A. Yagüe Reyes (hermano de la alcaldesa detenida en la operación "Malaya"), María Luisa Alcalá Duarte y Dolores Zurdo Padilla.
Según el relato acusatorio, el 7 de febrero de 1997 la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, integrada por todos los procesados salvo el que fue alcalde, el fallecido Jesús Gil, y Dolores Zurdo, acordó por unanimidad otorgar licencia de obras para dos viviendas unifamiliares.
En ambos casos los terrenos para los que se concedía la licencia estaban enclavados en terrenos rústicos conforme al Plan General de Ordenación Urbana de 1968 y no urbanizables conforme al PGOU de 1986.
El Ministerio Público destaca en el relato acusatorio que, según un certificado expedido por el arquitecto jefe del servicio técnico de Obras y Urbanismo, las viviendas unifamiliares estaban en suelo rústico, una en protección de vías de comunicación y otra de protección de cultivos especiales.
Además, el fiscal considera que el 13 de marzo de 1998 la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, integrada por todos los acusados a excepción de Gil, concedió una tercera licencia de obras para otra vivienda unifamiliar, también en suelo rústico de protección de cultivos especiales.
La Fiscalía malagueña mantiene que las licencias se otorgaron "obviando la normativa jurídica existente sobre dichos suelos" y que se concedieron "previa consulta y siguiendo las determinaciones del entonces alcalde, Jesús Gil, que no podrá ser juzgado al haber fallecido.
Por todo ello, el fiscal pide que se condene a todos los acusados, excepto a Dolores Zurdo, a la pena de veinte meses de multa con una cuota diaria de quince euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años.
Para Dolores Zurdo solicita la pena de catorce meses de multa con una cuota diaria de quince euros e inhabilitación durante siete años.
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