Desde el pasado mes de marzo, Málaga recibe periódicamente grupos de subsaharianos procedentes de los centros de las Islas Canarias. Los trae el propio Gobierno, para evitar conflictos derivados de la masificación. Aunque no se quedan aquí porque son dispersados por diferentes puntos del país tras contactar con conocidos, lo cierto es que llegan sin papeles y sin perspectivas de regularización. Así las cosas, el futuro para ellos en lo que piensan es la tierra prometida no es muy alentador. Organizaciones humanitarias ya han denunciado que si no hay posibilidad de expulsarlos, no queda otra opción que regularizarlos. De lo contrario, dicen, es el propio Ejecutivo el que incumple la Ley de Extranjería y el que empuja a estas personas a trabajar en la economía sumergida. De nuevo, la solución no parece fácil.