El PSOE-A, IU y PA apoyaron hoy en el Parlamento andaluz la propuesta de la Junta de retirar por un máximo de cinco años las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, una decisión que rechazó el PP y que se prologará hasta la elaboración del PGOU y la celebración de las próximas elecciones.

La decisión fue adoptada en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y supone el primero de los dos trámites parlamentarios para aplicar esta medida, que el pleno del Parlamento que se celebrará los días 13 y 14 de junio.

Según las propuestas de resolución aprobadas -dos del PSOE y una de IU-, el Parlamento muestra su posición favorable a la retirada de competencias urbanísticas que aprobó el Gobierno andaluz el 17 de diciembre por "incumplimiento grave, reiterado y sistemático" de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del Ayuntamiento marbellí y que atribuye la potestad del planeamiento urbanístico a la Consejería de Obras Públicas.

A pesar de que la retirada incluye un periodo máximo de cinco año, el PSOE e IU incluyeron otra propuesta de la federación de izquierdas que insta a la Junta a restituir la potestad urbanística a Marbella una vez se hayan celebrado las próximas elecciones municipales y haya sido aprobado definitivamente el PGOU de este municipio, que según la previsión de Obras Públicas podría estar elaborado a finales de este año.

El portavoz del PSOE-A, Luciano Alonso, que recordó que la gestora constituida en el Ayuntamiento de Marbella no tiene capacidad para afrontar el ordenamiento jurídico, justificó la medida de la Junta en las "constantes" vulneraciones legales urbanísticas.

Esta situación -dijo- ha llevado a la Junta a impugnar 398 convenios y a realizar 250 requerimientos de sanciones ante el "daño" causado al interés "particular y general", del que puso como ejemplo las 30.000 viviendas ilegales construidas y la "abundante invasión" de espacios públicos por construcciones privadas.

Además, acusó al PP-A, con ironía, de "su silencio responsable" durante los distintos gobiernos del GIL.

Jorge Ramos, del PP-A, que rechazó la retirada de las competencias, denunció que tras esta medida lo que "se esconde es el control absoluto" que la Junta quiere ejercer sobre el urbanismo marbellí, y advirtió de que la medida va contra los que ya no están gobernando.

"Los responsables de las ilegalidades están en la cárcel, por lo que el problema es que ustedes no se fían de la gestora municipal, a la que someten a un Estado de excepción", afirmó Ramos, que acusó a la Junta de haber "fallado" en los controles de los convenios urbanísticos, lo que -en su opinión- "degradó" la situación.

Antonio Romero (IU) coincidió en durante los años de "vulneración de la legalidad fallaron" las inspecciones, lo que dio lugar a la "extensión del bandidaje" urbanístico en Marbella.

Además, alertó sobre las posibles conexiones entre los equipos de gobierno imputados o condenados con la Operación Malaya.

"La retirada de competencias es una decisión democrática y transparente que debe ser aviso a navegantes porque autonomía municipal no es igual que patente de corso urbanística", apuntó.

Ildefonso Dell'Olmo (PA) defendió que la retirada de competencias sea hasta la celebración de las próximas elecciones para "no atropellar" la voluntad democrática de los marbellíes, y pidió celeridad a la Junta para elaborar el PGOU.

Los cuatro grupos apoyaron otra resolución de los socialistas que pide a la Consejería de Obras Públicas que agilice la revisión del PGOU de Marbella, acerque a los ciudadanos y a la administración ordinaria la elaboración del planeamiento y que instale una oficina sobre esta materia en las dependencias municipales.

También demanda que garantice la participación de las administraciones públicas, colectivos y ciudadanos en periodo de información pública y que garantice la transparencia en la elaboración del planeamiento mediante la presentación en el Parlamento de las distintas fases del futuro PGOU marbellí. EFE

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