La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha incoado en lo que va de año 160 diligencias previas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Eso supone unas 40 denuncias al mes. La mayoría de casos se refiere a obras de ciudadanos particulares y han sido detectadas por la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la unidad adscrita a esta materia de la Policía Nacional o las gerencias de Urbanismo de ayuntamientos como Málaga y Vélez Málaga, cuya cooperación es cada vez más activa. Tambien hay incoadas diligencias a instancias de la Junta contra responsables municipales. Es el caso de los alcaldes de Tolox, Benalmádena y Gaucín, donde se investigan convenios y licencias.