ESTAREMOS sin duda muy entretenidos los políticos y los periodistas viendo discurrir el tormentoso proceso estatutario catalán, asistiendo a la crisis de la Generalitat, calibrando la disposición de ETA en el proceso de paz o pensando en las múltiples fisuras que hoy presenta la idea de Europa pero la ciudadanía española, en su inmensa mayor parte, está hoy por hoy francamente consternada por la mayor estafa de la democracia, la cometida por Afinsa y Fórum Filatélico, que alcanzaría a unas 350.000 personas y que podría representar un descubierto de 35.000 millones de euros, nada menos que un 5% del PIB aproximadamente. Con una particularidad que nadie o casi nadie ha mencionado: las dos sociedades intervenidas eran las principales del sector pero no las únicas; hay otra media docena de ellas, que guardan comprensible silencio, y cuyo destino es una inquietante incógnita.

Como es natural, en una democracia participativa y de opinión, los partidos han querido mostrar gran 'sensibilidad' ante el infortunio de una gran muchedumbre de desventurados que han perdido unos ahorros casi siempre fruto del esfuerzo y la previsión. El Gobierno ha prometido medidas, apenas apuntadas, y la oposición ha exigido al poder que atienda a los damnificados. Pero el asunto se está planteando en términos de pura beneficencia, ya que tales inversiones, teórica y paradójicamente controladas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, no tienen fondo de garantía. En definitiva, el planteamiento oficial considera que las personas que acudieron al llamado de Afinsa y Fórum, que ofrecían el señuelo de una elevada rentabilidad superior en todo caso a la del mercado, tenían que haber sido conscientes del riesgo que corrían. Aunque es evidente que el Estado no puede cubrir las espaldas a los estafadores, ni sería lógico que existiese un seguro universal contra el robo, el fraude o cualquier forma de depredación, este caso es singular porque entre todos hemos dado respetabilidad y presencia a unas compañías cuyo milagroso sistema de funcionamiento nadie entendía y que sin embargo no suscitaron la conveniente curiosidad de la Agencia Tributaria, o del Ministerio de Economía, o -incluso- de esa cosa amorfa que se llama 'Consumo' y que se ubica, dicen, en el Ministerio de Sanidad.