Las infracciones son demasiadas y los funcionarios para controlarlas, escasos. Los responsables de la gestora han pedido a la Junta de Andalucía que destine a Marbella inspectores de la Oficina del Litoral para poder hacer frente al caos urbanístico que 15 años de gilismo dejaron en herencia. En lo que va de mes, la gestora ordenó el precinto de nueve obras ilegales, lo que supuso la paralización de más de 700 viviendas.