EN los últimos días hemos asistido perplejos al enésimo escándalo financiero destapado por las autoridades judiciales.

En esta ocasión se trata de una 'supuesta' -y digo supuesta por aquello de respetar la presunción de inocencia- macro estafa orquestada por los listos de siempre frente a los pequeños ahorradores, consumidores con recursos económicos limitados a los que el cúmulo de cada vez peores noticias les auguran pocas esperanzas de recuperar lo invertido.

La diferencia fundamental que presenta este nuevo caso respecto de aquellos otros de especial incidencia en Málaga, tales como los denominados Ballena Blanca y Operación Malaya, no está en la importancia económica de lo defraudado (elevadísima en todos los casos), sino en el absoluto desamparo de estos ciudadanos de a pie por parte de las administraciones públicas, circunstancia que se han afanado en difundir a los cuatro vientos los diferentes responsables de las mismas.

Por si no fuera suficiente lo anterior, el sentimiento de orfandad de estos consumidores aumenta cuando salen a la palestra seudo 'opinadores' que parecen querer hacerles responsables de su desgracia con múltiples, e irreflexivos -en mi opinión-, argumentos tales como: se trataba de un evidente timo apreciable a la legua; les está bien empleado por especuladores; y el ya clásico de «nadie da duros a cuatro pesetas».

A ellos (administraciones públicas y 'opinadores') les diría que si tan evidente era el riesgo de timo, por qué ni han intervenido o regulado el sector ni han opinado, como ahora lo hacen, en los más de 25 años en los que han estado operando estas entidades.

Y es que siendo cierto que la desprotección y falta de garantías de este tipo de inversiones ha sido una constante desde hace muchos años, lo es igualmente que no puede considerarse como rentabilidad desorbitada y 'sospechosa' el 6 % ofrecido en la inmensa mayoría de los supuestos. Quien afirme esto último, desconoce los variadísimos productos financieros que se ofrecen por bancos, cajas de ahorro, y entidades financieras.

Ahora bien, mientras el sector bancario y financiero está razonablemente controlado (por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores), regulado (con toda una suerte de leyes, reglamentos y órdenes ministeriales) y asegurado (con el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de Garantías de Inversiones), el sector en el que se mueven entidades como Fórum Filatélico y Afinsa (inversión en bienes tangibles: sellos, numismática y obras de arte), carece actualmente de cualquier garantía a cargo del Estado o de las comunidades autónomas que puedan responder en caso de insolvencia de las mismas.

Ahora bien, la responsabilidad de esta ausencia de garantías y protección ha de alcanzar necesariamente a los poderes públicos, que, por mandato constitucional, deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios.

Incidiendo en lo anterior, cuando hablo de poderes públicos me refiero tanto a la administración central como a las autonómicas actuales -según sus respectivos ámbitos de competencia-, y ello por la sola razón de que son ellas las que ahora controlan los instrumentos de decisión y poder. Es decir, al margen de cualquier consideración política acerca de si ha sido el actual gobierno o el anterior el responsable de dicha situación, respecto de lo que sólo apuntaré que, en mi opinión, habría una clara responsabilidad compartida por cuanto que unos (anterior gobierno) se limitaron a promulgar una normativa en el año 2.003 (Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva), tras más de 15 de absoluto vacío legal en la materia en los que las citadas entidades operaban, y en la que más que regularse dicha actividad lo que se hace es excluirle de las garantías existentes para el sector financiero, y otros (actual gobierno) no han acometido el desarrollo que la citada normativa exige.

Obviamente los consumidores no se conformarán con ver entre rejas a los responsables de esta trama, lo que querrán con absoluta preferencia es que les devuelvan su dinero. Por ello, ante la más que previsible -por aquello de haber sido ya anunciada desde ámbitos judiciales- imposibilidad material de las entidades implicadas en la macro estafa a devolver no ya la rentabilidad pactada, sino tan solo el capital invertido, habrá que buscar la corresponsabilidad de las administraciones públicas por la dejación de sus funciones.

En cuanto a la estrategia jurídica recomendada, creo que lo más efectivo para los perjudicados es esperar a que se levante el secreto del sumario decretado en las diligencias incoadas en la Audiencia Nacional -a día de hoy, sólo ha transcendido el contenido de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción frente a Afinsa y Fórum Filatélico- para, tras su estudio detallado en el que ya se podrá tener mejor conciencia de qué es lo que ha pasado, cuál es el alcance real del fraude, y, lo que es más importante para los afectados, cuál es la situación patrimonial de las empresas, personarse en las mismas a fin de incluir las cantidades perdidas en la pieza de responsabilidad civil que necesariamente deberá abrirse en dicho procedimiento.

Paralelamente, y en consonancia con la postura sostenida en estas líneas, deberán exigirse a las diferentes administraciones públicas con competencias en consumo que asuman sus respectivas responsabilidades y se hagan cargo de todas aquellas cantidades que los afectados no podrán recuperar ante la más que previsible situación de insolvencia de las citadas empresas.

El camino será largo y difícil, pero seguro que el trabajo bien hecho dará sus frutos.