La comisión gestora quiere poner punto y final a la acuciante falta de viviendas de protección oficial que padece el municipio marbellí desde hace 18 años, bajo los sucesivos gobiernos gilistas, en los que no se ha levantado ningún inmueble de promoción pública pero sí viviendas sociales. La Delegación Municipal de Bienestar Social, que dirige Miguel Díaz, y la Empresa Provincial de la Vivienda de Málaga (Emprovima) sentaron ayer las bases de un convenio de cooperación institucional en esta materia -que tendrá que ser ratificado por el pleno del Ayuntamiento marbellí y por el de la Diputación Provincial- por el que Emprovima se compromete a construir «todas las VPO necesarias en Marbella -sin detallar el número- siempre que el Ayuntamiento les surta de suelo». Díaz recogió ayer el guante lanzado por José Luis González, gerente de Empromiva, con el que se reunió y anunció que buscará, con ayuda de la Delegación Municipal de Urbanismo, bajo la batuta de Rafael Duarte, los terrenos adecuados para «paliar este déficit importante» en VPO. La antigua ley del suelo obligaba a los promotores a ceder a los consistorios el diez por ciento del aprovechamiento medio para inmuebles de promoción pública. Una vez que Marbella ofrezca este suelo público, se estudiará su viabilidad, esto es, que se ajuste a la legalidad urbanística vigente.