Ocupaba parte de una zona verde pública y tenía que ser derribado. Ayer la promotora Green&Blue ejecutó la orden del Ayuntamiento de Manilva de demoler las viviendas que quebrantan la legalidad urbanística. Se trata de un conjunto de seis apartamentos de unos 800 metros cuadrados construidos en la urbanización Cortijos Altos, ubicada en la zona de El Hacho. El edificio pasará a la historia como el primer bloque ilegal que se demuele en la Costa del Sol.

Sin apenas expectación por parte de los vecinos del municipio. Así comenzaban a primera hora de la mañana los trabajos de demolición que lleva a cabo la empresa Detecsa, contratada por la promotora. La estructura de los inmuebles -que todavía no se habían vendido aunque estaban totalmente acondicionados- perdía forma y se convertía en escombros conforme transcurría la mañana. No obstante, hasta dentro de unos diez días no quedará restituida esta zona de titularidad municipal. Según explicó la dirección facultativa de la empresa que promueve las viviendas, el bloque no estará completamente derruido hasta dentro de dos días. Posteriormente, los escombros se desplazarán hasta el vertedero y se acondicionará la zona para uso público.

Lo cierto es que a escasos metros de estos seis apartamentos se levantan otras 62 viviendas que pertenecen a la misma promoción y que se encuentran dentro de la legalidad urbanística.

Esta actuación, pionera en la Costa del Sol, fue aplaudida por el alcalde de Manilva, Salvador Zotano. Consideró que la medida defiende el interés público sobre el particular e insistió en que el equipo de gobierno mantendrá una postura firme para preservar la ley. Con esta premisa lanzó un aviso a navegantes: «Los promotores serán bien recibidos si apuestan por el desarrollo sostenible y preservan los espacios públicos».

En estos términos se expresó también el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, que precisó que la medida supone un toque de atención a quienes pretendan infringir las normas urbanísticas. «Entiendo que si el Ayuntamiento se propone el derribo de una construcción será porque previamente el órgano jurisdiccional competente ha dictaminado la restauración de la legalidad», dijo.

Los técnicos municipales detectaron la irregularidad urbanística en diciembre de 2005, fecha en la que se ordenó la suspensión de las obras; si bien, las viviendas ya estaban terminadas. En este sentido, el regidor de Manilva reconoció el retraso en percibir la ilegalidad e insistió en la dificultad para detectar este tipo de irregularidades. «Acepto la crítica, pero considero que actuamos en el momento adecuado para evitar que hubiese vecinos afectados por la medida», aclaró el primer edil. MÁS INFORMACIÓN I La Junta derribará el hotel Algarrobico, símbolo del litoral andaluz. Página 30