La comisión gestora de Marbella desveló ayer en el pleno urgente y extraordinario una de las grandes incógnitas: cuánto percibirán sus 16 integrantes. Los distintos vocales delegados se han fijado un sueldo de 4.975 euros brutos al mes, mientras que Diego Martín Reyes, presidente de este nuevo órgano de gobierno, percibirá un total de 5.975 euros brutos mensuales (a los que hay que descontar el pago de la Seguridad Social y el IRPF). Manuel Velasco,secretario en funciones del Ayuntamiento, explicó que los vocales plantearon que sus retribuciones se equipararan a los de los funcionarios de carrera para tener «alguna referencia».

No obstante, el presidente aseguró que estos sueldos «no superan» lo que cobraban los ediles de los anteriores corporaciones municipales. Además, los vocales no percibirán «productividad o gratificación» mediante las sociedades municipales.

Sociedades municipales

Por otro lado, la gestora quiere aportar luz y taquígrafo en las nueve sociedades municipales que están activas de las 36 creadas por el entonces alcalde Jesús Gil y que, según el propio Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización de los periodos 1991-99 y 2000-2001, han servido para desviar dinero de las arcas municipales. El pleno aprobó ayer por unanimidad solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía que audite este entramado societario desde 2002. Con esta propuesta, que parte de la Delegación Municipal de Hacienda, y que siempre ha rechazado los sucesivos gobiernos gilistas merced a su mayoría absoluta, se pretende «reconducir a la normalidad la gestión de todas las empresas municipales». Una pretensión que, a juicio de Diego Martín Reyes, presidente de la gestora, pasa por conocer al detalle su situación económica y poder comprobar así si la contabilidad refleja su actual estado financiero.

Es más, el propio Carlos Rubio, vocal delegado de Hacienda, explicó al término de la sesión plenaria, urgente y extraordinaria, que en Marbella, se ha distorsionado el concepto de sociedades municipales, «creadas para cumplir los objetivos que marca la ley». Rubio citó como ejemplos que hasta la fecha, haya escapado a los controles de la administración pública -tal y como ponen de manifiesto los informes del máximo órgano fiscalizador en los que se habla de desobediencia y caos por parte del gobierno municipal- , que mediante dichas sociedades se haya contratado a personal sin cumplir con los procedimientos selectivos que marca la ley o que en algunas sólo tengan personal y en otras cuenten sólo con proveedores. «El Tribunal de Cuentas las está fiscalizando. Este sería un control adicional», matiza Carlos Rubio.

Servicio de grúa

Pero esta no fue la única medida de peso a la que la gestora dio el visto bueno de forma unánime. El pleno acordó también licitar la adjudicación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, investigado en el 'caso Malaya' Y es que desde septiembre de 2005, esta concesión estaba en manos de dos empresas, una de ellas la del empresario Ismael P. detenido y encarcelado por su presunta implicación en esta trama de corrupción municipal desvelada. El vocal delegado de Hacienda justificó el inicio de este expediente en las presuntas irregularidades detectadas en la concesión, así como en «las incidencias registradas en el último año». En este sentido, recordó que desde que el pasado 18 de enero, la adjudicataria renunciara formalmente, el servicio lo presta en precario los 25 trabajadores, que según Rubio, serán subrogados por la nueva concesionaria.

La gestora también revisará de oficio la concesión otorgada en abril de 2004 por Victoriano Rodríguez, ex concejal delegado de Tráfico y uno de los encarcelados en el marco de la 'Operación Malaya', a la empresa Ayuda de Domicilio para la instalación de máquinas expendedoras de refrescos y agua en las principales avenidas de la ciudad. Una adjudicación en la que presuntamente, según Fidel Fernández-Nieto, vocal delegado de Vía Pública, se han conculcado los preceptos legales y las ordenanzas de protección de vía pública del propio Ayuntamiento.

Por otro lado, el famoso Rolls Royce, propiedad del Ayuntamiento que estuvo durante años desaparecido hasta dos días antes de que arrancara la 'Operación Malaya', así como un BMW se subastarán porque, según Josefa López, vocal delegada de Personal y Régimen Interior, «no son aptos para prestar servicios municipales».