El asentamiento en el Campo de Gibraltar de inmigrantes procedentes de países latinoamericanos es uno de los nuevos fenómenos que los activistas de la asociación Algeciras Acoge han advertido en los últimos meses. La asociación toma como referencia para alcanzar esta conclusión el número de atenciones que sus servicios asistenciales ha prestado a los inmigrantes que acudieron a su sede durante 2005.
Curiosamente, los nacionales de Bolivia constituyeron uno de los grupos más numerosos. Si se tiene en cuenta que los marroquíes integran uno de los grupo de residentes extranjeros más numerosos de la comarca, las cifras que ofrece Algeciras Acoge resultan tanto más significativas: de los alrededor de 2.800 inmigrantes que fueron asesorados en la asociación, 872 eran originarios de Marruecos y 823, de Bolivia. «De hecho, fue Cádiz la provincia donde mayor número de solicitudes de nacionales bolivianos se presentó durante el último proceso de regularización de inmigrantes abierto por el Gobierno», apunta el presidente de Algeciras Acoge, José Villahoz.
Regularización
Cumplido un año desde el cierre de aquel proceso de regularización, los activistas de Acoge valoran sus resultados, aunque no dejan de lamentar la situación de desamparo que siguen viviendo un número indeterminado, pero en todo caso numeroso, de inmigrantes.
Los voluntarios de la entidad no olvidan tampoco que el proceso que se cerró el 8 de mayo del pasado año culminó con un volumen de inadmisión de solicitudes y resoluciones negativas mayor del que habría sido deseable.
Según revelan los datos facilitados por Acoge, el número de atenciones prestadas por sus servicios a los extranjeros establecidos en la comarca creció en 830 personas entre los años 2003 y 2005. Los activistas de la asociación estiman que el 75 por ciento de los extranjeros atendidos en las oficinas de Algeciras Acoge se encuentran en situación irregular. El establecimiento en el Campo de Gibraltar de un número cada vez mayor de inmigrantes marca una tendencia que, a juicio de los responsables de la entidad, no parece que vaya a cambiar próximamente.
Villahoz considera que el crecimiento de la población extranjera exige la habilitación de procedimientos administrativos más flexibles para la legalización de inmigrantes. «Los procesos deberían ser más ágiles y no aguardar a que se incrementen las bolsas de inmigración para plantearse una campaña de regularizaciones», reclama el presidente de Acoge.