EL Gobierno tripartito de Cataluña afrontará la convocatoria y celebración del próximo referéndum de ratificación del nuevo Estatut en medio de un fehaciente conflicto entre sus socios, agudizado tras la decisión de Esquerra Republicana de Cataluña de votar 'no' al nuevo texto jurídico. La dirección Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña ofreció ayer una imagen de división de opiniones sobre la mejor manera de abordar el tramo final de la legislatura y el trascendental referéndum estatutario aunque, en última instancia, se impuso el criterio de los partidarios de aplazar la inevitable convocatoria de nuevas elecciones, al menos al día después de la consulta popular.

Entra dentro de lo posible que la decisión expresada ayer por el secretario general del PSC y ministro de Industria, José Montilla, descartando la convocatoria anticipada de comicios autonómicos y sugiriendo una eventual 'reflexión' en este sentido tras el referéndum, obedezca a razones de oportunidad relacionadas con el calendario político mas que a un convencimiento real sobre la estabilidad del tripartito. Intentar guardar las formas durante las semanas que restan hasta el día de la consulta a los ciudadanos puede lograr camuflar el profundo desencuentro de las fuerzas políticas catalanas sobre el contenido del Estatut, frenando los eventuales efectos negativos en la actitud de los votantes el día del referéndum. A este objetivo parece también enfocada la campaña institucional diseñada por la Generalitat, cuya forma y contenido no respetan -según la oposición protagonizada por el Partido Popular- las mínimas reglas de neutralidad en su descarada apuesta por presentar el discutido texto estatutario en clave nítidamente desequilibrada a favor del «si». Los temores de la clase política catalana sobre unos resultados de la consulta que a la hora de legitimar social y políticamente el nuevo estatuto no alcancen el mínimo exigible, poniendo en cuestión su futuro desarrollo y su engarce con la realidad constitucional, no son gratuitos a la vista del caótico proceso de elaboración del proyecto. Pero esconder la cabeza bajo tierra y ocultar a los ciudadanos la realidad no es garantía de conjurar el riesgo.

El juego democrático y la fórmula de Gobiernos en coalición tienen también sus reglas y unas líneas rojas que no deben vulnerarse so pena de perder la credibilidad y el respeto de los ciudadanos. Y no encaja dentro de ese marco de respeto a las reglas de juego que un Gobierno de coalición -nacido de un pacto para elaborar un nuevo estatuto- llame a los votantes a una consulta de ratificación con uno de sus socios, con seis consejeros en el mismo, decidido a votar en contra del texto.