El Pleno del Congreso rechazó hoy una proposición del PP -con los votos de todos los demás grupos- para modificar la ley electoral general de modo que, en caso de que un ayuntamiento sea disuelto por las Cortes, se puedan acortar los actuales plazos para convocar nuevas elecciones.
El PP anunció que presentaría esta moción hace algunas semanas cuando, tras disolver el Gobierno el Ayuntamiento de Marbella debido a la trama de corrupción que le afectaba, hubo que elegir una gestora para administrar la ciudad hasta las elecciones de 2007.
Esa fue la única opción ya que la ley actual impide celebrar nuevas elecciones, como pretendía el PP, si el gobierno municipal que saliera de las mismas fuese a tener un mandato inferior a un año.
Los populares proponían en la iniciativa rechazada hoy que ese plazo de un año "no sea de aplicación cuando las circunstancias de la Corporación disuelta hicieran imposible garantizar el respeto a la legalidad, la voluntad de los electores y el pluralismo constitucional".
Además pedía que se pudieran reducir a la mitad los plazos electorales -presentación de candidatos, alegaciones, campaña...- en esos mismos casos.
La diputada y portavoz popular en Marbella Angeles Muñoz explicó que la intención de su partido es "devolver la normalidad a esa localidad y la única vía posible es la celebración de elecciones" en el "menor plazo posible" para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes directos y legítimos.
Para Muñoz la provisionalidad de la actual gestora no puede mantenerse durante quince meses, entre otras cosas porque va a tener problemas de competencias para atender asuntos que van mucho más allá de la "gestión ordinaria".
Auguró además problemas de "legitimidad" de las decisiones de la gestora y reivindicó la "legitimidad de las urnas".
El diputado socialista Alvaro Cuesta explicó que aplicando los cambios que propone el PP en el ayuntamiento de Marbella se habría constituido un nuevo consistorio en el mes de noviembre con apenas medio año de mandato lo que calificó de "inocuo y disparatado".
Estimó además que reducir los plazos electorales, que son una "garantía para los electores" es un disparate jurídico y político y se preguntó a qué vienen las prisas del PP.
Tras advertir de que "de la precipitación sólo salen ganando los aventureros" consideró necesario hacer primero limpieza y "remover los obstáculos para que la democracia sea efectiva en Marbella".
En una línea similar, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, advirtió de que "no ha dado tiempo al saneamiento democrático en Marbella", papel que atribuyó a la gestora junto al de colaborar con la justicia, antes de una nueva convocatoria electoral.
Recordó que su grupo llevaba años denunciando la "infección" que ha terminado obligando a recurrir a la "cirugía" de la disolución y opinó que la propuesta del PP supone en este caso "cerrar la herida en falso" y "cuestionar la legitimidad de la gestora" designada por la Diputación Provincial de Málaga.
Tanto socialistas como IU y los grupos de PNV, ERC y CIU, que votaron también en contra, rechazaron una modificación legal pensada para un caso específico.
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