El ministro de Industria, José Montilla, señaló ayer que la negociación entre España y Bolivia tras la nacionalización de los hidrocarburos debe compatibilizar «el interés legítimo» de Repsol YPF con el «también legítimo» derecho del país andino a «obtener más recursos» de sus yacimientos energéticos. Montilla recordó que el decreto aprobado por el Ejecutivo que preside Evo Morales se establece un plazo de 180 días para negociar «las nuevas condiciones» de las empresa que operan en Bolivia «y por tanto lo que hay que hacer es negociar y dialogar».

El ministro subrayó que la administración española afronta este proceso con «voluntad de diálogo» con un Gobierno que ha hecho «uso de sus competencias» y de su «soberanía» y que forma parte de una comunidad, la iberoamericana, de la que también forma parte España. Los gobiernos de España y Bolivia acordaron el viernes iniciar una negociación sobre las consecuencias para la empresa petrolera hispano-argentina Repsol YPF de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos decretada por el presidente Morales. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, que encabezaba la delegación oficial enviada por España a La Paz para abordar esta crisis, anunció tras reunirse con Morales el inicio de un proceso de «diálogo y negociación», al tiempo que el Gobierno del país andino garantizó que la nacionalización no se extenderá a otros sectores.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, afirmó ayer que espera que se encuentre una «solución satisfactoria a los intereses de las empresas españolas» después de que el Gobierno de Evo Morales se haya comprometido a garantizar la seguridad jurídica y encarar el diálogo en el marco bilateral con la petrolera hispano-argentina Repsol YPF.

Encuentro

Moratinos respondió así tras el encuentro que la delegación técnico-política enviada por el Gobierno español mantuvo ayer con Morales. Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores añadió que la reunión mantenida ayer fue «fructífera», por lo que espera que «el marco de negociación sea lo suficientemente serio y respetuoso con los compromisos jurídicos y políticos y se encuentre una solución satisfactoria a los intereses de nuestras empresas».