El vocal del PP en la comisión gestora de Marbella Salvador Guerrero hizo pública hoy su dimisión tras la polémica suscitada al conocerse que su despacho de abogados defiende a dos de los imputados por "la operación Malaya".
"Personalmente, yo no habría dimitido porque no he incurrido en ninguna causa de incompatibilidad", afirmó Guerrero, que admitió que fue el PP quien le propuso que dejase el cargo. El abogado reconoció que estos días ha echado en falta el apoyo de algunos compañeros de la comisión gestora y del propio presidente y lamentó las "injustificadas" críticas hacia él, si bien aclaró que esa falta de apoyo no ha determinado su dimisión.
También admitió que tiene "sentimientos encontrados al irse, aunque a nadie le agrada un sacrificio incomprendido", y lamentó su marcha tan temprana "porque hubiese dado batalla". "Dimito porque soy un ciudadano que ha vivido en esta ciudad y le duele que siga siendo centro de las miradas de todo el país por los lamentables acontecimientos ocurridos y ya es hora de que recupere la imagen que el pueblo se merece", afirmó.
Guerrero, que iba a ser responsable de la delegación de Hacienda, Economía e Inspección Tributaria, formalizará esta mañana su marcha mediante un escrito al pleno, tres días después de tomar posesión en una sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento marbellí.
A los que apelan a incompatibilidades por razones políticas o éticas, explicó que de las primeras ni entiende ni tiene "ningún interés" en entender y que de las segundas "nadie" le da lecciones.
Preguntado por la actitud del PP en este asunto, Salvador Guerrero reiteró que él no habría abandonado "si no estuviera condicionado por una serie de circunstancias" y porque lo ocurrido "afecta a la imagen de Marbella". No obstante, agradeció que hubieran confiado en él y que lo sigan haciendo y explicó que los populares también opinan que no existe ningún tipo de incompatibilidad.
Respecto a esas supuestas incompatibilidades, explicó que, desde el punto de vista legal, está previsto que la defensa de una persona frente a un consistorio no sea causa de incompatibilidad, excepto cuando el vocal que sea abogado dirija un procedimiento contra el ayuntamiento, "que tendrá que optar por una u otra opción".
Guerrero entendía que su permanencia en la gestora "no sólo era un deber como ciudadano sino un derecho fundamental a participar en las instituciones publicas". Refirió que aceptó la propuesta del PP para el cargo "desde la independencia" y convencido que las decisiones que hubiese adoptado "no estarían condicionadas por consignas de partido, y menos mi personal opción de renunciar o no".
Cuando el lunes de la semana pasada el PP le propuso ser vocal, no analizaron "uno por uno" los clientes de su despacho, ya que, según dijo, él no es el abogado que firma las demandas y asiste a los clientes, sino que es el director del bufete.
Su puesto como vocal lo ocupará Javier García, director del colegio Monseñor Rodríguez Bocanegra de la localidad malagueña, lo que obligará al PP a reestructurar el reparto de las áreas que le correspondían, y que aún no ha hecho público.