HACE unos días, en Málaga, hubo un paro, acompañado de concentración a las puertas de la 'casa negra', de profesores para protestar, en principio por la agresión del padre de una alumna a un profesor, pero de camino por el mal ambiente que desde años hay en las aulas, sobre todo en las de los últimos cursos de Primaria y en los de Secundaria Obligatoria.

El 'mal ambiente' es innegable, como innegable es que se trata de un problema que trasciende el perímetro de los centros educativos. Los profesores empiezan a mostrar su hartura de los malos modos de muchos alumnos a los que la escolaridad obligatoria les viene larga.

Pero la sociedad no va a cambiar, por lo menos a corto plazo, y es por eso por lo que, a mi juicio, modestísimo juicio de un profesor al que acaban de reconocer el cuarto sexenio, la solución al problema tiene que partir del propio colectivo de profesionales de la enseñanza, que, desde luego, tiene derecho a que su trabajo sea realizado en las mínimas condiciones de seguridad psicológica.

¿Tenemos obligación los profesores de soportar que algunos alumnos desobedezcan sistemáticamente las indicaciones que se le dan en clase? ¿Debemos pasar por alto las faltas de respeto manifiestas? ¿Seguiremos tolerando que en muchas clases se cree un ambiente en el que los que salen realmente perjudicados son aquellos alumnos que escuchan, trabajan y, por lo menos, aceptan su papel de estudiantes? Se trata, obviamente, de preguntas retóricas que usted -padre, profesor o ciudadano sin vinculación con el mundo educativo- habrá respondido internamente que no.

Pues la solución es no tolerar tales comportamientos. En Andalucía, sigue en vigor el Decreto 85/1999 de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado. Y esta norma, que aprobó la Junta para dotar a los centros de unos instrumentos que ayudaran a paliar los problemas que ya en aquel momento comenzaron a ser patentes, permite a los profesores (art. 35, punto 1) «la suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna» que realice «cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase (art. 34, punto 1, apartado a). Es decir, que las informaciones aparecidas en ciertos medios de que los profesores no tenemos instrumentos para responder a esos comportamientos de algunos alumnos son falsas. Por otra parte, los centros, a través de los Directores a partir de la LOCE (aprobada en diciembre de 2002), tienen a su disposición otro abanico de sanciones, que llegan a la «suspensión del derecho de asistencia a clase» por un periodo de hasta veintinueve días.

En la sentencia dictada por la Sra. magistrado-juez con relación al caso de la agresión del padre de una alumna a un profesor citada anteriormente, se puede leer lo siguiente: «No sólo no es exigible al profesor que se aquiete ante tales conductas desafiantes o gestos notoriamente despectivos que desde hace algún tiempo son desplegadas por los alumnos, reacios a la más mínima reprobación, sino que es aconsejable o loable que el profesor reaccione de forma contundente ante ellas, por cuanto tales conductas son claramente contrarias al principio de autoridad que ostenta el profesor, y además van creando progresivamente un ambiente propicio para la propagación de las mismas al resto de las personas que ocupan el aula».

Es verdad que estas medidas son mal vistas por los dirigentes de la Consejería de Educación, desde la máxima responsable hasta algunos inspectores que se permiten dar instrucciones que contradicen flagrantemente las normas en vigor. Estos señores y señoras, que sólo conocen los centros por sus recuerdos infantiles y por ciertas visitas protocolarias que no suelen ir más allá del despacho del director, crean gabinetes, programas, comisiones y otras zarandajas que sólo sirven para salir en la prensa y mostrar su más que dudosa preocupación por el problema. Pero cuando un profesor o un director hacen las cosas bien, cuando sus resoluciones son justas y cumplen escrupulosamente el protocolo establecido, esas autoridades no tienen más remedio que aceptarlas, aunque no les gusten, aunque sean contradictorias con su visión muchas veces angelical y casi siempre ñoña de cómo es un centro educativo y cómo funciona.

Se trata, por tanto, de que los profesores adoptemos la táctica de la tolerancia cero. Ninguna conducta que suponga menosprecio para nuestra labor debe ser pasada por alto, entre otras cosas porque los alumnos que no boicotean el trabajo en las aulas merecen que así sea. Lo que está pasando es que hay un buen número de alumnos que está viendo cercenado su derecho a dar clase en unas condiciones mínimas de tranquilidad, su derecho a disfrutar de unos profesores que dediquen el tiempo a enseñarles geografía y solidaridad, matemáticas y 'saber estar', y no a pastorear al grupo de boicoteadores que pulula por todas las aulas. Algún compañero estará pensando que, si sigue mi propuesta, todos los días tendrá que tomar la medida de que salgan del aula varios alumnos. ¿Y qué? Algún director temblará de miedo ante el seguro tirón de orejas de sus superiores jerárquicos. ¿Y qué? Algunos padres protestarán porque a sus hijos no se les permite continuar fastidiando a sus compañeros y envileciendo una profesión que hay que seguir considerando digna y útil socialmente. ¿Y qué? Ya es hora de abandonar la cultura del quejío y ponerse a hacer algo práctico.

Lamentablemente, el sistema educativo se ha pervertido desde que la educación dejó de ser un derecho al alcance de unos pocos para convertirse en una obligación. Seguramente, habrá que replantearse los programas y los métodos, habrá que invertir más dinero en el sistema público y mejorar la formación y selección de los profesores. Y habrá que ser más exigentes con el trabajo de unos profesionales a los que no se les evalúa el rendimiento. Habrá que abrir un debate que vaya más allá de las clases de religión, la enseñanza concertada u otros asuntos queridos por la Iglesia Católica. Habrá que Pero mañana un grupo de alumnos espera y merece que seamos capaces de ofrecerle algo más que pelea con sus compañeros díscolos. Y, creo, no debemos defraudarlos.