Enrique Bolín, alcalde de Benalmádena, anunció ayer que seguirá «luchando» para construir 450 viviendas sociales, tal y como el Ayuntamiento pactó con la Junta de Andalucía hace tres años. El regidor recordó que en el convenio firmado con la Consejería de Obras Públicas se expuso que el Ayuntamiento cedía tres terrenos a los cuales había que cambiar el uso para hacer realidad la construcción de las 450 viviendas. «A día de hoy, y sin ninguna explicación por parte de la Junta, ninguno de los expedientes han prosperado y por tanto no podemos habilitar el suelo para la construcción», denunció Bolín.

En este sentido, hizo referencia al expediente del SP2 (Doña María Norte), una finca de 10.000 metros cuadrados en la que 1.000 estaban destinados a 100 viviendas sociales. El Ayuntamiento empezó la tramitación para la innovación del PGOU hace tres años. También llevó esta cuestión al Consejo Consultivo, que alegó que era necesario un informe de la Comisión Provincial de Urbanismo. «Tras cinco meses de silencio, el Ayuntamiento remitió el mes pasado el informe a la directora general de Urbanismo sin que, a fecha de hoy, tengamos respuesta», explicó.

El regidor amenazó con ir a los tribunales y, si fuera necesario, interpondrá una querella criminal contra el delegado José María Ruiz Povedano «por la falta de respuesta y la falta de información después de más de dos años y medio de tramitación de expediente».