El procedimiento abierto por la Junta de Andalucía para retirar a Marbella algunas de sus competencias en materia urbanística sigue imparable. Este complejo proceso ha dado su primer paso con el inicio del trámite de audiencia al Ayuntamiento. Según explicó ayer en rueda de prensa el delegado provincial de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, un miembro del Consistorio marbellí retiró en la mañana de ayer el expediente con la propuesta técnica correspondiente.

A partir de ahora, el equipo de gobierno del municipio dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones. «Como establece el artículo 84 de la ley 30/92 de régimen jurídico de administraciones públicas los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes», subrayó Povedano a la vez que insistió en que el objetivo de este proceso es que Marbella «recupere la normalidad jurídica y que tenga un plan urbanístico de acuerdo con la legalidad vigente».

De este modo, el delegado de Obras Públicas comentó que la retirada de competencias tiene su origen «en el grave incumplimiento de la legalidad urbanística continuado y acrecentado por la actual corporación municipal», reseñó . Como dato, Povedano destacó que desde agosto de 2003 -cuando asumió su cargo la actual alcaldesa-, se han impugnado más de 138 acuerdos municipales ante los tribunales de justicia y se ha instado desde la Junta en más de 250 ocasiones al Ayuntamiento para que paralice obras ilegales.

Preguntado por los trámites necesarios para culminar el procedimiento, Povedano explicó que una vez que el gabinete jurídico de la Junta estudie las alegaciones del Ayuntamiento quedará pendiente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, la aprobación del Parlamento Andaluz y la ratificación del Consejo de Gobierno. Un proceso que tardará «un trimestre aproximadamente» en escribir su punto y final, declaró Povedano, que anunció la próxima creación de una 'Oficina del Plan' con sede en Marbella «para facilitar la participación municipal y ciudadana en la nueva etapa», valoró.

Anulación del convenio

Por otra parte, Povedano anunció ayer la decisión de la Consejería de Obras Públicas de anular el convenio firmado en enero de 2004 entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Marbella para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbano «por defraudación de expectativas y por la ausencia de compromisos municipales».