POR primera vez en su historia reciente, Andalucía dispone de las herramientas y los medios económicos y humanos para abordar el reto de dejar a las generaciones venideras una situación en materia de agua mejor del que hoy nos toca administrar.

En apenas un año y medio, la Junta de Andalucía -a través de la Consejería de Medio Ambiente- ha pasado de no tener prácticamente competencias, más allá del auxilio técnico y económico a las administraciones locales, a poder liderar este proceso de redefinición de las políticas de agua.

Así, el 1 de enero se completó el proceso, tan largamente esperado, de transferencias de las cuencas internas. Carecía de sentido que la Andalucía del siglo XXI no gestionara sus recursos hídricos, y el acuerdo con el Gobierno Central ha permitido que hoy la Comunidad Autónoma gestione el agua en la totalidad del litoral: desde la desembocadura del río Chanza a la del Almanzora, el 36% de la superficie de Andalucía, el 46% de la población y el 40% del consumo.

El aspecto clave de la nueva planificación del agua en Andalucía, el anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, fija dos objetivos: garantizar la calidad del servicio que reciben los andaluces -con independencia de donde residan- y alcanzar los requisitos de calidad ecológica establecidos para el año 2015 por la Unión Europea.

Para ello, la Ley ahora en fase de consenso ordenará las competencias en el ciclo urbano del agua. En la actualidad existen importantes deficiencias en la prestación de este servicio a los andaluces, mucho más acusadas en las áreas rurales que en las zonas litorales y urbanas. Es de justicia que todos dispongamos de la misma garantía en algo tan básico para la economía y la calidad de vida.

El otro aspecto fundamental de la Ley son las medidas de fiscalidad ecológica, derivadas de la Directiva Marco de Aguas y el plazo concreto, 2010, que establece para que los Estados de la UE incorporen la recuperación de costes. No podemos engañarnos: si el precio del agua es muy inferior al coste del servicio -como ocurre en tantos enclaves- se entienden consecuencias como la falta de uso de depuradoras -algunos ayuntamientos no han llegado a ponerlas a funcionar tras su construcción por la Junta de Andalucía- o el uso suntuario, como demuestran las reclamaciones, oídas a ciertos colectivos, del modelo de césped y piscina como aspiración legítima.

En la segunda mitad del siglo XX crecimos en infraestructuras para disponer de más agua ante la irregularidad de nuestro clima mediterráneo. El fomento y construcción de grandes obras públicas nos ha permitido alcanzar niveles de desarrollo, cierto, pero se agota la capacidad de regulación, hemos deteriorado nuestros ecosistemas hídricos, seguimos sujetos a sequías e inundaciones, y aún existen desigualdades en los servicios del agua que reciben nuestros ciudadanos.

Si somos conscientes de todo ello será más fácil el sumarse, no ya con valentía, sino simplemente por sentido común, al debate de fondo que planteamos, que no se sitúa precisamente en lo económico. Se trata de acabar con desigualdades existentes en áreas rurales; de ser respetuoso con el medio natural que nos ofrece el agua; de buscar nuevos recursos -como la desalación-; y de ser conscientes de la mayor: el agua es, en Andalucía, el factor clave para mantener sus niveles de crecimiento. No hay recurso natural de tanta importancia económica que tenga tan poca relevancia contable.

Es el momento de acordar las nuevas estrategias para la gestión de futuro del agua de Andalucía, porque nunca en nuestra historia hemos tenido la posibilidad que se brinda ahora. Las políticas del agua no son, no pueden ser, coyunturales, sino de justicia social -para toda una sociedad- y de sentido común -para el largo plazo.