Ayuntamiento y Junta discrepan sobre quién tiene competencias para aprobar el proyecto de creación de complejo residencial en los terrenos de la antigua Repsol que incluye, entre otros edificios, un rascacielos de 160 metros de alto y 40 plantas.

El alcalde de Málaga aseguró hoy que el proyecto se aprobaría en siete u ocho meses ya que el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente del Gobierno andaluz, no es vinculante.

Según De la Torre, tras pasar por este organismo, se llevaría a cabo la aprobación definitiva sin impedimento alguno "porque es un ámbito típicamente municipal donde se cumplen las determinaciones establecidas en la ley".

Una declaración de intenciones que no comparte la Junta. El delegado de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, advirtió poco después que el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo sobre el proyecto del complejo residencial en la antigua Repsol sí es vinculante y atribuyó al gobierno autonómico la competencia para la aprobación final de la actuación.

Povedano reiteró que al presentarse el convenio mediante una modificación puntual de elementos y al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) supone entender "un cambio estructural" que afecta no sólo a los terrenos donde se ubica sino a los elementos exteriores de estos terrenos, en definitiva "a un modelo de ciudad".

Asimismo, esto significa "una modificación sustancial, una innovación profunda y potente" que es competencia de la comunidad autónoma, por lo tanto será al gobierno andaluz al que le corresponderá su "aprobación final", aseguró.

En esta línea comentó que la información pública, los informes sectoriales, los estudios de impacto medioambiental o la aprobación provisional serán trámites municipales, pero su aprobación definitiva corre a cargo de la Junta.

Sin embargo, el alcalde considera que el proyecto se ajusta a las leyes de ordenación urbanística sobre proporción de zonas libres y verdes y equipamientos, con más de 31.000 metros cuadrados en relación a las viviendas previstas y calculados sobre el máximo, y que parte de la superficie tendrá destino hotelero y de oficinas.

Las críticas de la oposición, que calificó la operación de "pelotazo urbanístico", las consideró sin justificación, ya que la edificabilidad podía llegar hasta 1,3 y queda en una cifra "necesaria y suficiente para impulsar y dar un avance en esa zona".

Afirmó que la diferencia del aumento de edificabilidad es del Ayuntamiento, que la cobra al promotor, y que tal reordenación supone "impulsar el progreso de la ciudad en una zona que merece un mimo especial como es el oeste, salvando más superficie libre de la que daba el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que había aprobado el Ayuntamiento promovido por Repsol de 69.000 metros de zona verde que se elevan a casi 80.000".