La representación legal de la concejala del PP de Málaga Rosa Agüera ha pedido cuatro años de prisión e inhabilitación durante tres años para el oficial de la Policía Local que redactó el informe relativo a sus actividades públicas y privadas.

En el escrito de acusación, se pide la apertura de juicio oral y que se condene al agente por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como que pague una multa de 15 meses con una cuota diaria de doce euros.

La concejala fue destituida el pasado 29 de junio por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como responsable del distrito centro "por perdida de confianza", motivo por el que la acusación solicita además una indemnización de 12.000 euros.

Los abogados de Agüera entienden que "tanto el referido informe como su posterior difusión únicamente tenían por objeto presionar políticamente a un cargo electo a fin de obtener su dimisión, utilizando para ello el atentado a su honor, su imagen y su prestigio personal y político".

El informe fue redactado el 17 de marzo de 2005 cuando el policía, R.R.C., ocupaba el puesto de jefe accidental del Grupo de Escolta y Menores (GEMAC) por estar de baja por enfermedad el jefe de dicho servicio, el intendente mayor J. F. M. El informe se redactó supuestamente para justificar la petición de cambio de destino del escolta, pero la acusación cree que "utilizó datos de carácter personal, absolutamente innecesarios a los fines presuntamente perseguidos".

En el escrito de acusación se destaca que el policía "se extralimitó en sus funciones", ya que detallaba actividades de índole privada, como las horas que la edil dedicaba a prácticas religiosas, compras, paseos o reuniones con su marido y amigos.

La acusación entiende que en el mencionado informe se hacen "juicios de valor, afirmaciones y valoraciones no solamente falsos (en algunos extremos) sino en general tendenciosos" y que han permitido el acceso público de aspectos que afectan a la intimidad y seguridad de la edil. El representante de Agüera se queja de que en el transcurso de la instrucción no se haya permitido aclarar quién y con qué fin encargó el mencionado informe.

Por su parte, la Fiscalía no ha formado acusación contra el autor del informe pero sí contra el intendente mayor J. F. M. al considerar que fue la persona que filtró el informe a la prensa, según el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Efe.

En este sentido, la acusación pública pide que J. F. M. sea condenado por un delito de revelación de secretos a tres años de prisión, multa de quince meses con una cuota diaria de doce euros y suspensión de empleo o cargo público por un periodo de tres años.