LA avalancha de inmigrantes ilegales que con la llegada del buen tiempo están arribando a las costas canarias ha hecho que el gobierno de esta comunidad autónoma anuncie la constitución de un gabinete de crisis y que Madrid envíe urgentemente a Mauritania a los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Interior, Bernardino León y Antonio Camacho, que irán acompañados por un alto responsable designado desde Bruselas. Si hace una semana era una patera -ahora cayucos- con más de 40 inmigrantes la que permanecía a la deriva y se hablaba entonces de medio centenar de muertos sólo a finales de febrero, ayer mismo, una veintena de cadáveres eran rescatados de las aguas internacionales entre Canarias y Mauritania. De hecho, en los últimos cuatro días, cerca de 800 clandestinos han llegado a las costas de las islas y desde Cruz Roja se advierte de un preocupante aumento de la población habitual de Mauritania de casi 15.000 personas, cuando aún no ha terminado el invierno.

Pocas veces un problema ha tenido unas causas tan evidentes y una solución tan clara, pero a la vez tan imposible. La mayor diferencia de renta entre dos mundos que jamás haya conocido la historia de la civilización no es una cuestión fácil de desactivar. Pocas fronteras resistirían el empuje que semejante incentivo supone para toda una generación que no tiene nada que perder en el intento, porque en su país no hay absolutamente ninguna oportunidad a la que agarrarse. Y, aún así, a Europa no le queda otro remedio que acometer de una vez por todas tan tremenda tarea si no quiere enfrentarse a una explosión social de consecuencias impredecibles. El reto de los flujos migratorios desde los países pobres a los más desarrollados no es en absoluto nuevo, pero tampoco son equiparables los fenómenos acontecidos hace medio siglo con los actuales. Y tampoco estamos como al principio. De las experiencias que arrojan los diferentes modelos que se han puesto en práctica en países como el Reino Unido, Francia o Alemania se pueden extraer interesantes conclusiones, que nos eviten repetir errores innecesarios. Cuando desde el Ministerio de Trabajo se impulsó una regularización extraordinaria, no exenta de lógica socioeconómica, desde la UE se levantaron voces muy críticas contra el imparable efecto llamada que eso produciría. Se avisó entonces a España de la imperiosa necesidad de aplicar paralelamente estrictas medidas de repatriación de los que permanecieran en situación ilegal. Como era previsible, semejantes actuaciones han sido imposibles de llevar a la práctica y ahora pagamos las consecuencias.

De poco van a servir las patrulleras que les ofrecerán nuestros secretarios de Estado a las autoridades mauritanas, el contrabando de seres humanos comienza a ser ya un negocio que rivaliza en rentabilidad con el narcotráfico y lo único que se conseguirá es que las plataformas de salida de los cayucos se desplacen más al sur o, de nuevo, más al norte. Mientras no se gestionen los flujos en origen, compramos tiempo hasta la siguiente oleada, sólo eso.