En una jornada negra para el Gobierno italiano, el ministro de Sanidad, Francesco Storace, dimitió ayer a causa del llamado 'Watergate a la romana', un escándalo de espionaje a sus adversarios políticos, pero en versión chapucera, cuando era presidente de Lazio y aspiraba a la reelección en los comicios administrativos de abril de 2005. Pese a todo, perdió y fue recolocado en la cartera de Sanidad. A un mes de las elecciones generales, es la sexta renuncia traumática de un ministro de Berlusconi, y la segunda en pocas semanas tras la polémica de Roberto Calderoli y su camiseta sobre las viñetas de Mahoma.

Storace no ha admitido nada, pero ayer dijo abandonar para evitar «instrumentalizaciones» de la oposición. «La simple sospecha de que yo pueda haber planeado una maniobra política contra mis rivales me indigna», explicó en un breve comunicado. En realidad, lo que ha salido a la luz son algo más que simples sospechas, más bien parece que le han pillado con las manos en la masa. La prueba es que el ministro de Alianza Nacional, segunda fuerza del centro-derecha, ha durado en el cargo 24 horas desde que la prensa publicó el jueves las primeras averiguaciones.

Firmas falsas

El caso tiene connotaciones de vodevil y se remonta a la campaña de las elecciones en Lazio, la región de Roma. El equipo electoral de Storace habría contratado a una agencia de investigación para sacar trapos sucios y seguir a los otros dos candidatos, Piero Marrazzo, del centro-izquierda, y sobre todo a Alessandra Mussolini. La nieta del Duce, que se presentaba por libre tras romper con Storace, constituía una seria amenaza de dispersión de votos para la derecha. Según se publicó ayer, uno de estos individuos llegó a entrar en las oficinas de Mussolini para insertar firmas falsas en sus avales de candidatura. Ahora se explica el escándalo que surgió entonces, nunca del todo aclarado, cuando Storace acusó a su rival de presentarse con firmas falsas. Se demostró que era cierto, pero también se puso en evidencia que la información fue obtenida de forma ilegal.

Han sido detenidos 11 detectives y las cinco personas corruptas a quienes compraban información reservada: tres mandos policiales y dos empleados de TIM, la principal compañía telefónica.