Las cartas ya están sobre la mesa. Nueve puntos separan a los cuatro partidos andaluces del consenso sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Los portavoces de PSOE, PP, IU y PA cerraron ayer el listado de los asuntos claves que bloquean, por el momento, el anhelado pacto 'a cuatro'.

Este fue uno de los compromisos que se fraguó en la cumbre de líderes que se celebró el pasado lunes en la Casa Rosa, sede provisional del presidente de la Junta de Andalucía. Tal y como adelantó entonces el propio Manuel Chaves, se trata de una simple enumeración de cuestiones a desbrozar en la que no se especifica ni los planteamientos previos de cada parte, ni los votos particulares que presentaron a la proposición de Ley que superó en febrero el trámite de su toma de consideración. En definitiva, es una suma de los decálogos que presentaron la semana pasada estas cuatro formaciones.

Un primer análisis de este enunciado deja entrever dos cuestiones: Que queda mucha tela que cortar en la reforma estatutaria y que los ponentes deberán trabajar duro si quieren reducir, antes de la fecha límite del día 24, el número de enmiendas nacidas de los votos particulares de cada grupo.

Y es que los nueve epígrafes abordan cuestiones de mucha enjundia. Para empezar, la definición de Andalucía, que ayer mismo se abordó en el Parlamento y que es la única postilla que cuenta con un acuerdo entre socialistas y populares. El apartado de financiación se concreta en tres grandes ejes: Las inversiones del Estado, donde PSOE e IU apuestan por el baremo poblacional; la denominada deuda histórica, y la futura agencia tributaria consorciada entre los gobiernos central y autonómico.

Codecisión

El tercer apartado de este listado es para la cuota de autogobierno que se quiere para Andalucía. Todos los partidos aseguran que desean el máximo que permita la Constitución, aunque el PA apostilla que debe ser, al menos, la misma que obtenga Cataluña. Bajo este mismo paraguas se hablará de que Andalucía tenga voz en todas las decisiones nacionales o internacionales que le afecten directamente y de transferencias en materia de poder judicial.

La organización territorial aparece como otro pilar básico en esta negociación. De ahí saldrá el nuevo papel de los ayuntamientos, su financiación y probable participación directa en los impuestos autonómicos y la posible comarcalización propuesta por IU y PA, en detrimento de las diputaciones provinciales.

El quinto punto es, a priori, irrenunciable para el PP: La coincidencia de procesos electorales en Andalucía y la limitación de mandatos del presidente de la Junta. A esto se le une aportaciones de PSOE, IU y PA como el aumento del número de diputados y el sistema de listas abiertas.

Los cuatro apartados restantes lo ocupan el modelo de Radio Televisión de Andalucía (RTVA), los nuevos derechos de los andaluces -hasta ahora sólo se recogen los pactados entre PSOE e IU-; la organización institucional, con una mención especial para el Defensor del Pueblo, y las relaciones con Ceuta y Melilla. Por último, la cohesión social y territorial, donde se manejarán cuestiones como la función social de la tierra.