Por primera vez en la historia de la democracia, un presidente del Tribunal Supremo se negó a acudir a una convocatoria del Congreso de los Diputados. Francisco José Hernando dejó plantados a los parlamentarios de la Comisión de Justicia ante los que debía explicar la «aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo» a la luz de la nueva doctrina implantada por el alto tribunal por el caso de Henri Parot. Justificó la ausencia porque «su deber constitucional» es «la defensa de la independencia judicial», obligación que, a su juicio, quedaría en entredicho si atendía la petición de la Cámara Baja.