«La mayor parte de Europa parece ser un excelente terreno de caza para los servicios de seguridad extranjeros» a tenor de las respuestas recibidas en la investigación sobre posibles vuelos de la CIA. El Consejo de Europa, como reconoció ayer abiertamente su secretario general, Terry Davis, se siente decepcionado por la actitud y la falta de colaboración de 46 gobiernos ante estas pesquisas.
Excepto Hungría, no hay ningún país dotado de disposiciones jurídicas que permitan «asegurar la vigilancia efectiva de las actividades de servicios secretos extranjeros en su territorio», señaló Davis al presentar ante la prensa las respuestas de los Gobiernos de los 46 países miembros del Consejo a su investigación.
Otra de las conclusiones de Davis es que «el cielo europeo está demasiado abierto» y muy pocos países saben de manera eficaz quién y qué transita por sus aeropuertos y por su espacio aéreo. Las explicaciones, por tanto, «no ofrecen garantías eficaces contra los abusos».
Davis mostró su insatisfacción con las respuestas recibidas de los gobiernos de algunos países a las preguntas que remitió el pasado noviembre, en el marco de su investigación sobre las alegaciones de vuelos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. y de centros de detención secretos para sospechosos de terrorismo islámico en Europa.
Así, se refirió a Polonia, que «ha presentado una respuesta decepcionante». Lo mismo se aplica a Albania. Otros países, como Bosnia-Herzegovina, Italia y Macedonia «han perdido la ocasión de presentar respuestas completas y pertinentes, con el fin de disipar todas las dudas sobre los fallos que puedan haber cometido», dijo.
Respuestas de España
Por lo que respecta a España, el Gobierno dio todas las explicaciones convenientes a las preguntas formuladas, pero será invitado a ofrecer algunas más sobre el control adecuado de los actos de agentes de servicios secretos extranjeros en su territorio. La contestación española incluye la intervención del ministro Miguel Ángel Moratinos ante el Congreso, el 24 de noviembre, en la que demostró la «falta de evidencias» en los supuestos sucesos acontecidos en aeropuertos de Mallorca y Tenerife.
De esta forma, España aparece mencionada en el grupo de países que no contestaron alguna cuestión o lo hicieron de forma incompleta. Según Davis, «puede que no hayan comprendido las preguntas o la naturaleza de la investigación».