El consejero de Fomento, Rafael Marín, aseguró ayer que la Ley de Contratos del Estado permite efectuar modificaciones en los proyectos sin incurrir en una «ilegalidad». Con estas palabras defendió Marín la actuación del Gobierno local ante las críticas de la oposición durante el Pleno del pasado lunes, en el que se aprobaron las modificaciones de tres promociones de viviendas de protección oficial en Patio Montes, Averroes y Huerta Vega. Según Marín, el artículo 146/4 de la Ley de Contratos del Estado recoge que «cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal, parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato».