La secretaria de Igualdad de UGT, Concha López, tachó ayer de «muy positivo» el acuerdo sobre los criterios y principios básicos que habrá de tener la acción protectora de la atención en las situaciones de dependencia o, lo que es lo mismo, la Ley de Dependencia que prepara el Gobierno. En Melilla, 7.000 personas, entre ancianos y discapacitados, se verán beneficiadas de la Ley de Dependencia del Gobierno central, puesto que se garantizará la cobertura universal, ofreciendo a su vez más servicios y de mayor calidad. Además, se reconocerá económicamente el papel de las mujeres que en la actualidad cuidan de sus mayores y de los discapacitados.

López también aseguró que se ampliarán los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, además de las plazas residenciales para ancianos y discapacitados porque, en la actualidad, «siempre hay más demanda que oferta» en este sentido.

En cualquier caso, la sindicalista hizo especial hincapié en la creación de puestos de trabajo que se hará gracias a esta Ley de Dependencia. Se estima que la nueva residencia de ancianos va a proporcionar unos 200 puestos de trabajo en Melilla, además de los que se proporcionen de forma indirecta, lo cual «revitalizará» la economía local. A esto se añadirá en un futuro la posibilidad de incluir en estas instalaciones plazas para «discapacitados físicos severos» que, en la actualidad, deben residir en la península. Todo ello, según explicó López, dependerá en Melilla del Imserso, puesto que la Ciudad Autónoma aún no ha conseguido las competencias asistenciales.