La modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga en la zona de Arraijanal, que se preveía debatir hoy en el pleno del Ayuntamiento, volvió a quedar sobre la mesa por segunda vez para que la tramitación sea de forma correcta y desde "solidez formal".
PSOE e IU advirtieron ayer de que llevarían al PP a los tribunales si hoy se aprobaba el polémico asunto.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señaló que los planteamientos de la Dirección General de Costas "se van a cumplir" respecto a este proyecto urbanístico de la Marina de Arraijanal, aunque desde el consistorio pretenden plantear su base jurídica.
Explicó que han considerado oportuno aprobar esa modificación en el próximo pleno de marzo para que antes pueda tramitarse a través de la Comisión de Urbanismo y se informe de sus términos a Costas.
La portavoz municipal del PSOE, Marisa Bustinduy, cree que llevar a pleno tal modificación, ya aplazada en la sesión del pasado 30 de enero ante un informe desfavorable de Costas, habría supuesto una "ilegalidad manifiesta".
La socialista entiende que el alcalde carece de argumentos e iba a adoptar una decisión "a sabiendas de que no se podía tomar", por lo que De la Torre pone de manifiesto, a su juicio, que ha perdido el rumbo en su gobierno porque, según ella, nada ha cambiado respecto al anterior pleno.
Para IULV-CA, con la modificación de elementos del PGOU en la zona de Arraijanal el PP demuestra los "intereses especulativos" que tiene en ese emplazamiento, donde, según la portavoz de esta formación, Isabel Martínez, quiere dar "un pelotazo" inmobiliario.
También dijo que "no es normal" lo que el Ayuntamiento pretende en esa zona y mantiene que en lugar de aplazar la modificación, habría que retirarla porque así parece que están "tramando algo de forma descarada".
IU advirtió ayer a los responsables municipales de que pondría en conocimiento de la Justicia este proyecto si finalmente lo aprobaba el pleno al considerarlo "un delito" y una "decisión ilegal", además de "injusto" que "una zona de expansión y de calidad medioambiental se quiera convertir en puerto deportivo y 1.100 viviendas".
También recordó que la Junta de Andalucía y el Gobierno desacreditan el proyecto y previamente Los Verdes anunciaron igualmente acciones judiciales si se aprobaba este complejo.