Los adjudicatarios de una vivienda protegida tienen desde ayer más limitaciones a la hora de vender o permutar el inmueble que habitan, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de una orden que obliga al usuario de este tipo de casa subvencionada a comunicar cualquier intento de transacción. El Gobierno andaluz tiene ahora facultad plena para ejercer los derechos de tanteo y retracto en las promociones de VPO construidas a partir del 1 de enero de 1992 y, en todo caso, controlará el precio de final de la venta para que nunca se equipare al del mercado libre.

Los nuevos compradores, además, deberán reunir las mismas condiciones socio-económicas que cualquier aspirante a lograr una VPO, es decir, que sus ingresos sean bajos. En los casos de los pisos anteriores a 1992, el usuario también tiene la obligación de informar de la enajenación, aunque la venta no estará controlada por la Junta y, por lo tanto, podrá concretarse libremente y a precio de mercado.

La norma, que entró en vigor ayer y que se incluye en la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, clarifica los criterios de compraventa de este tipo de hogares que ya se contemplaban en los distintos planes andaluces de la vivienda, pero que eran violados de forma casi general. Este reglamento tiene un arma clave para luchar contra el fraude: La obligación de notarios y registradores de comunicar a la Junta de Andalucía las segundas o posteriores transmisiones de viviendas calificadas como protegidas. Sin esta señal de alerta, el hecho de que la vivienda fuese o no de VPO apenas contaba a la hora de sellar la operación.

El precio

Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas y Transportes, se afanó ayer en desmenuzar una norma que tiene entre sus objetivos erradicar las prácticas ilegales en la concesión de viviendas de VPO. Hay una cuestión que preocupa a los que lograron en su día un domicilio tutelado y que despierta interés entre los futuros aspirantes. ¿Cuánto va a ofrecer la Administración cuando ejerza ese derecho de retracto? La respuesta es compleja. La consejera ofreció un dato aproximado: El doble de lo que se pagó en la adquisición ordinaria. El beneficio es importante, pero lejano de los precios de mercado.

El montante final depende, en cualquier caso, de muchos factores, como del plan de la vivienda a que pertenezca, de la ubicación de la promoción -no se pagará lo mismo por un bloque que se encuentre en el extrarradio, que por otro en el Centro-, del número de metros...

Oficinas de información

Responsables de Obras Públicas y Transportes calculan que en la actualidad hay más de 1,2 millones de VPO en la región. En la provincia, la cifra se reduce a unas 14.000 viviendas si se contemplan las edificadas a partir de 1992, según cálculos estimados de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Los datos del Colegio de Arquitectos revelan que este tipo de inmuebles apenas representan el 3% del total de hogares visados en la Costa del Sol.

Ante la imposibilidad de elaborar una tabla unitaria, se ha optado por abrir oficinas de información en las sedes de todas las delegaciones provinciales de Obras Públicas y Urbanismo. Las consultas, que se concertarán mediante cita previa, servirán para conocer si la vivienda escapa o no al control de la norma y, en todo caso, cuánto dinero daría la Junta en el supuesto de querer venderla.

Con la entrada en vigor de esta norma, la Junta se hará con un importante número de VPO. La consejera Gutiérrez explicó que cada adquisición se introducirá en el siguiente sorteo que se haga en cada provincia, con lo que rápidamente será ocupada por alguna de las miles de familias solicitantes. Esto supondrá un importante desembolso extraordinario para la Consejería que, según sus responsables, se obtendrá del presupuesto general de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), y que este año asciende a 75 millones de euros.

Frenar la especulación

Una persona que pagó en 1992 unos 30.000 euros por una VPO podía venderla en la actualidad en más de 120.000. Este es el tipo de especulación que está decidida a erradicar la consejera. Gutiérrez recuerda que tanto la administración como la sociedad en general hacen grandes esfuerzos de solidaridad cada vez que se construyen VPO y que se resumen en el precio final de cada inmueble, muy inferior al de mercado gracias, sobre todo, a la calificación específica del suelo. Especular con ese esfuerzo es ya un delito.

Obras Públicas entiende que con esta modelo se lucha contra el encarecimiento de la vivienda. Permite, igualmente, un acceso más fácil a las VPO y es un buen complemento para evitar el dinero negro.