La Consejería de Obras Públicas informará en las delegaciones provinciales a los propietarios de viviendas protegidas (VPO) del régimen jurídico, con el fin de que se cumpla la normativa en relación a los requisitos de los beneficiarios y el precio de reventa para evitar incumplimientos de la norma.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, informó hoy de que esta campaña de información se llevará a cabo para clarificar la repercusión en los ciudadanos de la Orden, publicada hoy en el BOJA, en la que se establecen los derechos de tanteo y retracto de la Junta en las segundas o posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial.

Explicó que esta norma no incluye nuevas limitaciones u obligaciones para los propietarios de viviendas protegidas más allá de las que ya establece el régimen jurídico de cada plan andaluz de vivienda, sino que recoge mecanismos para que la ley se cumpla.

Para ello, la Junta ha llegado a acuerdos con los colegios de notarios y de registradores de la propiedad para que comuniquen a la administración las transmisiones de viviendas protegidas, mientras que hasta ahora esta obligación era sólo del propietario y la mayoría lo incumplía.

El propietario tiene antes y después de esta Orden la obligación de comunicar la venta de su VPO a la administración y además los planes andaluces de vivienda obligan a venderla a unos precios, conforme a unas tablas de equivalencia, y a una persona que cumpla los requisitos para ser beneficiario de ese tipo de casas.

Indicó que en los casos en los que se detecten incumplimientos graves, tales como falsedad en los datos para acceder a una VPO o de otro tipo, la administración ejercerá su derecho de tanteo y retracto, si bien dijo que se presume cierto lo que dicen los ciudadanos porque el "99 por ciento no quiere especular" con este tipo de viviendas.

La consejera señaló que los beneficiarios de VPO podrán pedir cita en las delegaciones provinciales para analizar sus casos concretos y clarificar al plan de vivienda al que se acogen sus viviendas, ya que tienen sistemas jurídicos distintos, precisó.

No obstante, se mantienen con carácter general de las VPO la obligación del beneficiario de no ser titular de ninguna otra vivienda y de habitarla un mínimo de diez años.

La Orden clasifica distintos grupos de vivienda y, en concreto, para las comprendidas entre 1978 y 1992 se mantiene su norma de referencia que obliga sólo a la comunicación a la Junta de la transmisión, y no fija limitaciones sobre el precio ni sobre la idoneidad del nuevo adquiriente.

Sin embargo, en las viviendas protegidas construidas al amparo de los distintos planes andaluces a partir de 1992 figura un régimen jurídico distinto al anterior y se establecen limitaciones en el precio y en el tipo de adquiriente, y además en el segundo y tercer plan de vivienda la administración tiene el derecho de preferencia. Según la consejera, más del noventa por ciento de las intenciones de transmisiones de propietarios de VPO se refiere a los planes anteriores a 1992.

Aseguró que la Junta "no quiere quedarse con ninguna vivienda sino que las tengan los ciudadanos", pero insistió en que se debe respetar ese marco jurídico de compromiso como forma de compensar el esfuerzo de solidaridad de la sociedad.

Destacó que el objetivo de la Junta con toda la normativa referida al suelo y la vivienda es facilitar el acceso a este mercado a los jóvenes, ya que sólo un diez o un quince por ciento de las 15.000 viviendas anuales que se construyen en Andalucía son de VPO.

Asimismo, apuntó que las organizaciones de consumidores han denunciado como otra vía de fraude en las VPO el sobreprecio exigido por los promotores y por ello se optó por el sorteo para conceder estas viviendas.