A propósito del anuncio de la adopción por parte del Gobierno del proyecto de ley de creación de un consejo audiovisual estatal, se ha generado una considerable polémica en la que aparecen elementos que deben ser analizados. Las opiniones son legítimas, pero se están haciendo algunas afirmaciones que muestra un profundo y material desconocimiento de lo que es la democracia audiovisual en los países más avanzados del mundo, los más libres y, por supuesto, los más ejemplares desde el punto de vista democrático.

Estos organismos independientes de regulación del sector audiovisual nacieron en Estados Unidos con la creación de la Federal Communications Commissión y se generalizaron en todos los países europeos, en las zonas tradicionalmente vinculadas a la Commonwealth y, más modestamente en América Latina y Asia.

España es el único país europeo que carece de una autoridad audiovisual de ámbito estatal. Hace diez años el Senado aprobó por unanimidad un informe solicitando su creación y el 15 de junio del 2004 el pleno del Senado volvió a aprobar una moción solicitando al gobierno la creación de un Consejo del Audiovisual independiente, que se encargue de garantizar el mantenimiento del pluralismo y de la transparencia en los medios de comunicación audiovisuales.

La exigencia democrática de estos organismos se muestra también en la recomendación 23 (2000) adoptada por el Consejo de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa que recomendaba a los gobiernos de los Estados miembros «establecer, si aún no lo han hecho, autoridades reguladoras independientes en el sector audiovisual y establecer normas que les concedan poderes que le permitan llevar a cabo sus misiones». Lo antidemocrático, pues, es carecer de estos organismos.

El Consejo Superior del Audiovisual en Francia, por ejemplo, lleva más de 15 años funcionando. Está compuesto por nueve miembros nombrados a parte iguales por el Presidente de la República, el de la Asamblea Nacional y el del Senado, entre personas de reconocida solvencia profesional. En su ya considerable experiencia ha cerrado un canal de televisión -La Cinq- por incumplir reiteradamente los horarios previsto y anunciados, ha multado a la privada TF1 por emitir más publicidad de la autorizada, y ha cerrado con duraciones distintas emisoras de radio que han faltado a la verdad o han difundido mensajes incitando al odio, ha sancionado a cadenas públicas y privadas por restringir el acceso de algunas grupos políticos a sus informativos, ha cerrado una semana la radio juvenil NRJ por declaraciones en las que se ponía en duda la existencia de las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis y así un largo etc. La británica Ofcom ha sancionado con fuertes multas a emisoras de radio local que emitían contenidos ofensivos para los ciudadanos de religión musulmana. ¿Alguien se atrevería a decir que Francia o el Reino Unido y sus gobiernos respectivos son antidemocráticos y su legislación de regulación audiovisual contraria a derecho?

Los reguladores audiovisuales no reemplazan al poder judicial. Constituyen una administración independiente, que no está sujeta a instrucciones o a dirección por parte del gobierno y, como parte de la administración que es, sus actos son recurribles ante la jurisdicción ordinaria que tiene la última palabra.

Naturalmente, todos los organismos reguladores en el ámbito audiovisual tienen capacidad sancionadora (la experiencia europea y estadounidense en este sentido es unánime), como la tienen también la Inspección de Hacienda o a las autoridades de tráfico, sin perjuicio de que sus resoluciones son recurribles ante la autoridad judicial, quien falla en última instancia fiel al principio de Montesquieu. En España, además, el art. 20 de la Constitución impone una garantía adicional para los medios informativos al garantizar que el secuestro de los de medios de comunicación sólo puede imponerse por resolución judicial.

Las competencias de estos reguladores audiovisuales incluyen la preocupación por la veracidad de las informaciones, la defensa del pluralismo, la competencia del sector mediante la concesión de licencias, la convocatoria de concursos y los contenidos de las emisiones. Lo que quizá ocurre es que no se quiere entender que la libertad de expresión, como valor constitucional primordial que es, va acompañada de obligaciones por parte de quienes hacen de la comunicación una actividad profesional o empresarial y que, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, han de ser responsables cuando las incumplen.

El anteproyecto de ley de creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar para su posterior debate en la Cortes Generales, tendrá como misión velar por el pluralismo, incluido el lingüístico, la veracidad y el respeto al honor en las informaciones. En él figura un amplio catálogo de sanciones entre las que figuran la emisión de programas que infrinjan de manera grave y reiterada los principios y valores constitucionales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental o moral de los menores o aquellos que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. ¿Quién puede estar en contra de ello?

Esta ley es un compromiso electoral del Partido Socialista que la entiende como una profundización de la democracia y un deber para la ciudadanía de este país que garantiza y protege sus derechos.

La democracia significa más libertad, pero una libertad organizada con ojos críticos que vigilen a las diversas instancias del poder, y en términos de garantía para los medios y para la oposición política, es preferible que esa actividad la realicen organismos independientes del gobierno, de este y de los venideros.

Esa es la cuestión: más democracia, más responsabilidad social y más garantías ciudadanas.