DOS niños, Iván y Sara, han llegado a la adolescencia sin roce con su madre biológica, que no se ha estado quieta en diez años hasta sentar jurisprudencia y poder sentarse ella. El cariño verdadero no se compra ni se vende, pero su ausencia sí puede tener consuelo en euros al final de una batalla donde los perdedores lo son de por vida. La Audiencia de Sevilla, que también ha tardado lo suyo, ha tarifado el desaguisado de la no devolución de la custodia de los hijos a su madre tras salir del alcohol en 1,4 millones de euros. Los hijos han vivido ese tiempo en una familia adoptiva y la niña, sin más zarandajas leguleyas, vive desde hace un año con la madre en un gesto de generoso desgarro de la familia de acogida al que nadie ha puesto cheque. El laberinto jurídico-administrativo aliñado de Código Civil, jueces, fiscales y asistentes sociales que eternizó sin causa real la situación ha hecho temblar poltronas confiadas y, lo más productivo, ha levantado clamores aquí y allá en favor de que se fijen plazos en estos casos. La ley, que tanto mira por que no se nos pase la ITV del coche, de que las separaciones sean exprés, del calendario de vacuna de los perros y de que no fumemos tanto, nada dice del calendario cuando la seca tajada del abandono de unos mocosos se convierte en foto fija y en sello indeleble de una vida. No hay plazos máximos para el derecho de unos niños cuando el desamparo deja de serlo. El expediente se atasca entonces en el barro procesal y el huérfano administrativo se eterniza en un charco de afectos cruzados para el que no llevaba las botas puestas.