QUE España supere ya los 44 millones de habitantes no debería de ser noticia: los superó en abril del año pasado. Como tampoco es noticia que el número de extranjeros esté a punto de alcanzar los cuatro millones. Lo que verdaderamente debe hacernos reflexionar, a partir de los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística es que la población residente en España creció en más de 910.000 personas en sólo un año y que el porcentaje de aumento anual fue de un 2,1 por ciento, pero el de la población inmigrante fue del 22,9. Esto, que es muy bueno desde el punto de vista económico, porque abarata la mano de obra y amplía el número de cotizantes a la Seguridad Social es malo en términos políticos porque revela numerosas carencias y plantea graves problemas.

Dejar que lleguen inmigrantes jóvenes es tan evitable en el mundo globalizado como anestésico desde el punto de vista político. En las dos últimas décadas los Gobiernos se ha centrado exclusivamente en las políticas de inmigración para enmascarar cuatro problemas sociales de la máxima importancia: el descenso de la tasa de natalidad; el envejecimiento de la población; el crecimiento del déficit sanitario; el abandono de las políticas de protección a la familia en el sano sentido de la educación, la inserción laboral y un relevo generacional que permita el acceso no tan tardío a un puesto de trabajo y que no obligue a jubilación prematura con cargo a las arcas públicas o tardía para evitar la quiebra del sistema de pensiones.

Las complicaciones políticas que plantean la falta de viviendas, la xenofobia, el multiculturalismo, la delincuencia y la seguridad ciudadana -que no son exclusivas del fenómeno inmigratorio- no se deben mezclar ni confundir con los verdaderos problemas que surgen de la baja natalidad, el desproporcionado índice juventud/vejez, la baja tasa de actividad femenina, el coste del alargamiento de la vida y la universalización de la sanidad.