El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) ofreció hoy su disposición a activar un plan de restauración de las canteras clausuradas que garantizaría el empleo de los operarios afectados por un período mínimo de siete años, según explicó el alcalde, Joaquín Villanova.
Villanova señaló en rueda de prensa que la medida permitiría también mitigar el desabastecimiento de áridos de la provincia puesto que las explotaciones disponen de licencia para trabajar el material "y lo único que la sentencia invalida es seguir horadando la montaña".
Apuntó que la propuesta supondría una solución alternativa en el caso de que la Junta de Andalucía persista en su actitud "y no ofrezca la cobertura legal que necesitamos para poder legalizar las extracciones".
En este sentido, aludió a la necesidad de que el Gobierno andaluz asuma la elaboración de un plan de ordenación minera que establezca las zonas susceptibles de albergar este tipo de actividades y puso como ejemplo la solución brindada por el ejecutivo autonómico de las Islas Baleares a un problema similar.
Precedente
Según un artículo facilitado a la prensa, el Gobierno balear ha optado por regularizar 64 canteras a través de su declaración de interés general, lo que obliga a las corporaciones municipales a concederles la licencia pertinente.
"En este caso si se ha otorgado a los ayuntamientos el soporte jurídico necesario", señaló Villanova, que insistió en que el consistorio no posee potestad legal para legalizar las explotaciones ya que, entre otras cosas, "la Junta de Andalucía clasifica el territorio en el Plan de Ordenación como zona protegida".
Instó también al sindicato CCOO a flexibilizar su postura y rebajar "la presión ejercida sobre el pueblo, que padece la tensión en las calles, como demuestran todos los actos suspendidos durante las fiestas navideñas".
Por su parte, el presidente provincial de los populares, Joaquín Ramírez, incidió en la postura del PSOE frente al conflicto, "porque por un lado, el grupo municipal pide que se sancione a las empresas por el beneficio extraído de una actividad ilegal, y por otro, desde la dirección autonómica se presiona al alcalde para que la permita".
Recordó que los representantes socialistas en la Diputación de Málaga se negaron a refrendar una moción que instaba al gobierno andaluz a confeccionar el Plan de Ordenación Minera, "cosa totalmente incomprensible con independencia a la situación de Alhaurín".
Ramírez insistió en los perjuicios derivados del conflicto, que ha supuesto la paralización de numerosas obras públicas y privadas, entre ellas 40.000 viviendas, y afecta a 25.000 trabajadores en total, cifra que a su juicio podría incrementarse hasta 100.000 si se consuma la huelga prevista en el sector de la construcción.
Webmail 
Alertas 
Envío
de titulares 
Página
de inicio
MÁLAGA
