DE UN VERANO A OTRO

El desinterés generalizado con el que se asiste a la eventualidad de un posible cambio político en el Ayuntamiento de Marbella contrasta con el sobresalto con el que la ciudad vivió los acontecimientos del agosto de 2003

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

La última vez que el verano sorprendió a Marbella en una discusión acerca de una posible moción de censura, la ciudad atravesaba un momento muy distinto al actual. En aquella ocasión la moción fue el instrumento para dirimir las diferencias y las luchas de poder en el seno de una banda de delincuentes. La mayoría de quienes la promovieron y de quienes la padecieron acabaron en la cárcel. Algunos se salvaron de dormir entre rejas porque pusieron a tiempo tierra de por medio, otros fallecieron antes de que la justicia alcanzara a poner sus manos sobre ellos.

En aquel momento todo el mundo sabía, o al menos sospechaba, que detrás de aquella lucha de poder no había debate alguno acerca de modelo de ciudad, ni de cómo solucionar los grandes problemas de Marbella, ni de cómo gestionar los asuntos cotidianos. Se sabía que todo se limitaba una simple pugna por hacerse con el negocio, pero casi nadie tenía derecho a quejarse por eso. Hacía más de una década que la ciudad había decidido votar mayoritaria y sistemáticamente a una banda de ladrones que no ponía mucho énfasis en disimular su naturaleza delictiva. Por entonces la burbuja se inflaba en todo su esplendor y las migajas de la corrupción permitían dibujar un falso paisaje de prosperidad que parecía tener a todo el mundo satisfecho. No sería casualidad que el derrumbe del régimen delincuencial que había gobernado Marbella durante casi 15 años coincidiera en el tiempo con el inicio del pinchazo de la burbuja que dio comienzo a la más grave crisis que las presentes generaciones han conocido.

En aquella ocasión no se explicaron los motivos por lo que se presentaba la moción, ni se enfrentaron dos modelos de ciudad y de gestión. La ruptura de la pandilla en dos facciones y la participación en la maniobra de otros delincuentes hasta ese momento ajenos a la banda tuvo una puesta en escena coherente con la situación. Los líderes de ambos bandos comenzaron reprochándose delitos mutuamente en un programa de la televisión basura y los firmantes de la moción se ocultaron en paradero desconocido y no se presentaron en la ciudad hasta el mismo día de la moción, a donde llegaron todos juntos escoltados por matones que ejercían de guardaespaldas.

No hay paralelismo alguno entre aquella situación y el debate que se vive estos días acerca de un posible cambio de gobierno en Marbella. Todo el mundo sabe, y conoce, cuáles son los dos modelos que se enfrentan. Algunos ciudadanos, la minoría que no mira todo esto desde la indiferencia, tienen opinión formada acerca de qué es lo que prefieren y hasta las negociaciones que ambas partes mantienen con quienes tienen en su mano la posibilidad de decantar la balanza en una u otra dirección han podido conocerse razonablemente a través de las informaciones publicadas. No está previsto que nadie vaya a esconderse, ni que tenga que llegar al Ayuntamiento parapetándose tras matones dando una imagen que abochornaría a la ciudad.

Las elecciones municipales de 2015 arrojaron unos resultados que dieron lugar a una conformación compleja de la corporación municipal después de cinco lustros en los que Marbella -con el paréntesis de la gestora- estuvo gobernada por mayorías absolutas. Entra dentro de la lógica democrática que se produzcan estos movimientos y que si unos socios no están conformes con el devenir de los acontecimientos busquen otros para conformar una mayoría alternativa. También entra dentro de la normalidad -porque es el paisaje en el que más cómodos se sienten los políticos- que quienes temen ser desplazados atribuyan intereses oscuros a quienes quieren ocupar su lugar, como si la propia lucha por el poder, independientemente de cualquier otro factor, no formara parte de la razón de ser de los políticos de toda condición. De la misma manera, no sorprende que quienes aspiran a volver a ocupar el poder prometan inverosímiles soluciones inmediatas a todos los problemas de gestión.

Sin embargo, hay algunas circunstancias que no dejan de llamar la atención. El grupo al que los resultados electorales han otorgado la condición de bisagra tiene localizados sus votantes y sus intereses políticos en San Pedro Alcántara. Se trata, al mismo tiempo, de un grupo político que por primera vez en su historia se ha encontrado al frente de responsabilidades de gestión. Esas dos situaciones son las que determinan qué es lo que se está debatiendo en estos días. Sin embargo, los problemas que atraviesa la ciudad -con la situación de bloqueo urbanístico en primer lugar- van mucho más allá de lo que los negociadores de Opción Sampedreña han situado en el centro de la negociación que han planteado a sus compañeros del tripartito y al Partido Popular. Posiblemente sea oportuno advertirlo porque cualquiera que se informe estos días acerca del contenido de las negociaciones para propiciar o evitar una moción de censura que puede señalar el futuro del Ayuntamiento de Marbella podría llegar a una conclusión equívoca acerca de cuáles son los problemas y las necesidades más urgentes e importantes de la ciudad, que no pasan ni remotamente por el número de operarios de recogida de basura que deben ser trasladados a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara.

Hay otra circunstancia que también ha pasado a un segundo plano, porque la actualidad parece convertir en efímera cualquier noticia. No ha transcurrido un mes desde que el teniente de alcalde de San Pedro y vicepresidente de OSP, Rafael Piña, compareció ante sus compañeros de gobierno para hacer un balance satisfactorio y autocomplaciente de los dos primeros años del tripartito. En aquella ocasión, el propio Piña aseguró que no iba a añadir nuevas exigencias relativas a las actuaciones pendientes de la Junta de Andalucía en San Pedro. Aquella escena llevó a la conclusión apresurada de que no había argumentos para que unos días después ese mismo concejal pasara a participar en reuniones en las que se plantearía como posibilidad más o menos cierta la presentación de una moción de censura.

Aquella escena del triunvirato satisfecho se completó con una intervención de su compañero de grupo, Manuel Osorio, que advirtió para disuadir de euforias prematuras, que la decisión sería colegiada.

Dos semanas después, estos dos ediles pasarían a protagonizar reuniones a dos bandas en la que exigirían más autonomía y más medios para ejercerla, y sus interlocutores entrarían en una carrera por satisfacer esos deseos. Al mismo tiempo que eso se producía, todas las partes insistían en que esto no se trata ni de un mercadeo ni de una subasta, lo que se solamente puede explicarse en el tradicional rechazo de los políticos a las palabras más adecuadas para explicar los hechos que protagonizan.

Posiblemente, lo que mejor explica esta situación es que ni aunque el PP, el PSOE e Izquierda Unida, fuerzas que sumaron el 75 por ciento de los votos en las últimas elecciones, consideren que los problemas de la ciudad pasen por el número de trabajadores que deben destinarse a San Pedro -ni a ningún otro distrito-, es a elaborar propuestas para satisfacer esa demanda a lo que han dedicado la mayor parte de su tiempo durante los últimos días.

Por eso, no debe llamar la atención la mayoritaria indiferencia con la que los vecinos han asistido a las informaciones, rumores y conspiraciones de los últimos días. Es posible que hasta algunos hayan recordado con nostalgia los sucesos del verano de 2003. Aquello era bochornoso, pero al menos tenía el atractivo de estar asistiendo en vivo a una película de mafiosos.

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